Zarrías propone desafectar las ramblas de otras regiones para desbloquear el conflicto del Guadalquivir

El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, apuntó ayer que la desafectación de las ramblas que pertenecen a otras comunidades autónomas "puede ser una fórmula" para desbloquear el conflicto suscitado tras anunciar el Gobierno andaluz su intención de asumir la gestión de la Cuenca del Guadalquivir. Zarrías, que reiteró que la gestión es algo "irrenunciable", participó ayer en Jaén en varios actos junto al ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, que admitió que el consenso en torno al Estatuto andaluz "será complicado" si las premisas del PP son las de rebajar el techo competencial.

Gaspar Zarrías se mostró esperanzado en poder alcanzar en el Congreso un acuerdo sobre el traspaso a Andalucía de la Cuenca del Guadalquivir y restar así las reticencias que han expresado los gobiernos de Murcia y Extremadura que, junto a Castilla-La Mancha, tienen algo menos del 10% del territorio de la Cuenca. El consejero dejó claro que se "salvaguardarán los intereses de cualquier comunidad que se vea afectada" dentro del marco de la Constitución, y reiteró que la reivindicación de la Junta "no entra en contradicción" con la gestión general del Estado de la política hidráulica.

Ahora bien, tras recordar que las aguas que vierten en Extremadura o en Castilla La Mancha están arriba de la Cuenca del Guadalquivir, Zarrías enfatizó que "no se le va a quitar el agua a nadie". Y fue ahí cuando planteó como una posible "fórmula" para desbloquear el conflicto: el tramitar la desafectación (excluir de la Cuenca andaluza) de las ramblas del Guadalquivir que están en otras comunidades, una medida que, según recordó Zarrías, se adoptó con el traspaso de la Cuenca Hidrográfica del Sur, transferencia en la que se desafectaron una serie de ramblas que vertían a Murcia. Zarrías insistió en que el Guadalquivir es un río andaluz y, por tanto, lo gestionará la Junta de Andalucía porque, a su juicio, "es algo que está plenamente incardinado en la Constitución".

Por tanto, Zarrías reiteró el carácter "irrenunciable" de la gestión del Guadalquivir. "No planteamos la cogestión, sino la gestión andaluza, lo que no significa que no se respeten los mecanismos y que se tengan en cuenta a otras comunidades y la política general hídrica", subrayó. El consejero de la Presidencia advirtió de que las opciones del PP se restringen a que "se sume a la gran fiesta andaluza" del próximo mes de febrero con el referéndum o bien a que "convierta esa fiesta en su funeral político".

En parecidos términos se pronunció el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, para quien la postura del PP ante la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía resulta "contradictoria", puesto que, en su opinión, "por un lado están llamando al consenso cuando no están dispuestos ni siquiera a debatirlo", en alusión a su voto negativo en el Congreso para la toma en consideración de la reforma del Estatuto. Sevilla admitió que el consenso entre las fuerzas políticas "va a ser complicado" si el PP intenta hacer valer sus premisas de una rebaja en el techo competencial (menos financiación y menos capacidad de autogobierno) del Estatuto.

De otro lado, Gaspar Zarrías se mostró sorprendido por la opinión de los obispos sobre el proyecto de reforma del Estatuto andaluz, y resaltó que "llama la atención que no encuentren nada bueno" en el texto. Zarrías señaló que respeta "el derecho de los obispos de pronunciarse, igual que respetamos el de cualquier otro colectivo", aunque añadió que "ni ellos esperan que el Estatuto actúe en función de sus respetables criterios morales".

Zarrías participó en el acto en el que el ministro de Administraciones Públicas y el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, firmaron un convenio para configurar una red provincial de comunicaciones, pionera en España, que conectará los ayuntamientos de Jaén con la red corporativa de la Junta de Andalucía y, a través de ella, con la red del Estado. De esta manera, las Administraciones locales tendrán acceso a aplicaciones comunes y servicios de apoyo como es la Gestión Tributaria del Estado, la Tesorería de la Seguridad Social o subvenciones y ayudas de la Junta, entre otros servicios.