Julio de España intenta sin éxito que las Cortes sancionen a Such y Camarasa

El presidente de las Cortes Valencianas, Julio de España, no ha logrado finalmente su objetivo de sancionar a los diputados socialistas Antoni Such y José Camarasa. Ayer, tras comprobar que el informe que pidió la semana pasada al letrado mayor sobre la posibilidad de sancionar a los dos diputados no avala tal posibilidad, porque el Reglamento no la prevé, De España forzó la aprobación por la Mesa de la Cámara de un escrito. Tras exponer lo sucedido en la última semana -la denuncia de Such y Camarasa sobre irregularidades en Terra Mítica reveladas por dos empresarios imputados en el caso, a los que grabaron- propone trasladar al portavoz del PSPV "la más firme protesta" por lo que considera "una utilización impropia de las dependencias" parlamentarias. También propone estudiar si el Reglamento de la Cámara permite sancionar a los dos diputados y, en caso contrario, que se estudie su modificación para poder hacerlo en el futuro. Además, propone trasladar lo sucedido a la fiscalía del TSJ "por si procediera para la averiguación de presuntos hechos delictivos". En concreto, considera que Such y Camarasa pueden haber cometido delitos de "cohecho" y "soborno".

El presidente presentó el escrito en la reunión de la Mesa, máximo órgano de gobierno de la Cámara, donde el PP lo aprobó gracias a su mayoría absoluta. De España subrayó que el letrado mayor indica en su informe que "el Tribunal Constitucional ha señalado que las prerrogativas parlamentarias, al ser excepciones al derecho común, han de ser interpretadas estrictamente para no devenir privilegios que puedan lesionar derechos fundamentales de terceros". En este sentido, De España entiende que Such y Camarasa pudieron cometer "una infracción sujeta al amparo de la inviolabilidad parlamentaria". Y, según recordó, ante esta posibilidad existe "la capacidad sancionadora del presidente" de las Cortes, y añadió que con el fin de aplicarla ha encargado un informe a los letrados que determine, según el Reglamento, su capacidad de "adoptar medidas internas de ámbito disciplinario por actuaciones dentro de la sede parlamentaria".

Los portavoces de la oposición arremetieron contra De España. "Hemos entrado en una fase de inquisición absoluta y de desprecio por parte del presidente a lo que es su responsabilidad de atender por igual a los diputados y realizar una tarea de mediación", dijo el socialista Such, quien destacó que el informa del letrado "no da la razón" a De España en su intención de "declarar ilegal toda actuación que no sea acorde a las pretensiones políticas de su propio partido". Joan Ribó, portavoz de EU-L'Entesa, sostuvo que el informe jurídico confirma que De España "se ha excedido en el tratamiento de este tema".