La gestora de Marbella prevé legalizar parte de los más de 500 comercios irregulares

La comisión gestora del Ayuntamiento de Marbella planea regularizar parte de los 500 comercios en situación irregular que actualmente funcionan sin requisitos básicos como la licencia de apertura debido al atasco en la tramitación de expedientes que provocó la anterior corporación disuelta por el Consejo de Ministros. El presidente del órgano de gobierno, Diego Martín Reyes, se reunió ayer con los comerciantes para analizar la "grave crisis" que atraviesan, y afirmó que los expedientes pendientes de resolución se tramitarán en el próximo pleno de la gestora.

La peculiar anarquía legal que reinaba en Marbella la resumió ayer el presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa (APYMEM), Antonio Núñez: "Tras la solicitud de licencia de apertura, se abonaba la tasa correspondiente y a partir de entonces, aunque no estuviera autorizado, sí se permitía abrir el negocio". La gestora intenta ahora poner orden en el comercio, un sector vital para una ciudad que ofrece un turismo de compras complementario a su oferta de sol y playa.

"La tramitación de las solicitudes de estos comercios estaba muy atrasada, todos pendientes de resolverse, y gran parte irán al próximo pleno, unos con informes favorables y otros desfavorables", anunció Martín Reyes, quien no pudo especificar qué porcentaje de estos comercios serán legalizados. Las peticiones iban a ser llevadas al último pleno, pero los trámites no fueron completados a tiempo.

Martín Reyes se reunió ayer con los representantes de APYMEM para estudiar las posibles mejoras que reduzcan la crisis que atraviesa el sector del pequeño y mediano comercio marbellí. "El objetivo es restaurar el pequeño comercio que está bastante mal desde 1998, y el ritmo de la colaboración que se mantenía hasta ahora por parte del Ayuntamiento ha cambiado", aseguró Núñez. Las soluciones pasan por mejorar el saturado tráfico del centro, potenciar los transportes y abaratar los aparcamientos.

La gestora intentará conseguir habilitar un sistema de aparcamientos "más económico", y planteará iniciativas como espectáculos callejeros que dinamicen el centro, así como actividades extraescolares de los alumnos de los colegios, para que se familiaricen con las calles del centro.

Chaves insiste

Por otra parte, el presidente de la Junta, Manuel Chaves, insistió ayer en que el Gobierno regional rescatará las competencias urbanísticas de Marbella, pero sólo durante un año, y éstas le serán devueltas a la corporación resultante tras las elecciones municipales de 2007, siempre que el Plan General de Ordenación Urbana haya sido aprobado para entonces. Hasta ahora la Junta había previsto agotar el plazo de cinco años para asumir las competencias urbanísticas, tal y como le concedía la Ley del Suelo. Chaves consideró "lógico" que las competencias urbanísticas sean devueltas "al Gobierno municipal elegido después de las elecciones de mayo de 2007". Además, añadió que el PGOU tendrá que estar aprobado, porque, dijo, "es absolutamente imprescindible para establecer unas reglas jurídicas y también para dar seguridad a los ciudadanos, a los inmobiliarios y a los constructores".

A pesar del anuncio de Chaves, ayer asomaron las primeras disidencias dentro de la comisión gestora. Los vocales propuestos por el PP llevarán al próximo pleno una moción para instar a la Junta a que paralice el expediente sobre la retirada de competencias urbanísticas. "Hoy no se entiende que un gobierno puesto por ellos mismos siga con la retirada de las competencias", señaló la presidenta del PP marbellí, Ángeles Muñoz.

El vocal de Hacienda, Carlos Rubio, dio la bienvenida a la posibilidad de que los plazos para aprobar el PGOU marbellí se aceleren. "supondría una revisión catastral inmediata y la normalización de la actividad urbanística. En sólo dos años podríamos disfrutar de un Ayuntamiento viable", apuntó.