Una sentencia permite que el Albéniz deje de ser un teatro

El Teatro Albéniz parece condenado a muerte. Sus antiguos propietarios, la familia Moro, lo han vendido a una empresa que quiere transformarlo en un complejo comercial y según la ley lo pueden hacer. Hay una sentencia de 3 de junio de 2003 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que se lo permite. No hay posibilidad de recurso, pero sí de patalear.

Las gentes del teatro están dispuestas a evitar la desaparición de uno de los teatros más emblemáticos de la ciudad. Por el momento han creado el blog http://teatroalbeniz.blogspot.com donde cada vez hay más muestras de solidaridad con este teatro dedicado hace décadas a la programación de espectáculos de primer nivel nacional e internacional. Buena prueba de ello es el que ahora se representa, Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, con dirección del italiano Maurizio Scaparro y protagonizado por el popular actor Pepe Sancho.

Los grupos municipales del PSOE e IU buscan una fórmula para salvar este espacio escénico

La historia de este teatro comienza cuando fue proyectado por varios arquitectos y finalmente realizado por Manuel Ambrós Escanella, antes de ser inaugurado en 1945. En este espacio hay 1.000 butacas; en sus sótanos estuvo durante décadas una famosa sala de fiestas que primero se llamó Fantasía, luego Folies y finalmente Xairo.

El edificio que aloja el Teatro Albéniz, tal y como consta en el recién publicado libro Teatros Históricos de Madrid, de Antonio Castro, editado por la Concejalía de las Artes disfrutó del nivel de protección 1 en el Plan General de Ordenación Urbana.

Pero el Plan General de Ordenación Urbana se revisa más o menos cada década. La última protección que tuvo el Albéniz afectaba tanto sus volúmenes como los elementos arquitectónicos más singulares y destacados.

El último Plan General de Ordenación Urbana de Madrid fue objeto de revisión mediante acuerdo del Consejo de Gobierno regional de 17 de abril de 1997, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid días después. Estos planes se revisan a través de un procedimiento bifásico ya que la aprobación inicial y provisional corresponde a los municipios y la definitiva a las comunidades autónomas. En este caso el plan general de Madrid incluía la catalogación del edificio del Teatro Albéniz con un grado de protección estructural, nivel 2 y uso vinculado a teatro. Pero la propiedad del inmueble interpuso el recurso 1341/97 ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y lo hizo en fecha y hora.

Contra esta sentencia, la sala ofrece recursos de casación tanto a la Comunidad como al Ayuntamiento. Pero ni uno ni otro pueden presentar ese recurso porque es inadmisible desde el punto de vista técnico, ya que tras la reforma de la ley procesal 10/92 de 30 de abril se suprime el recurso de apelación en estos casos. Y el recurso de casación no permite revisar la valoración y fijación que de los hechos haya hecho el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.La Comunidad de Madrid, que lo preparó, terminó desistiendo del mismo. El Ayuntamiento a través de sus servicios jurídicos concluyó que no había ningún resquicio legal que pudiera hacer prosperar el recurso. La sentencia no impide que el Albéniz siga siendo un teatro, pero sí permite que no lo sea.

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, como prometió en su programa electoral, intentó la compra del inmueble del Albéniz, que tiene alquilado desde hace 21 años. Santiago Fisas, consejero de Cultura y Deportes, tuvo varios contactos con los anteriores propietarios. "No lo compramos porque los propietarios anteriores no han querido vendernos. Hablé con ellos y me dijeron que tenían una sentencia que les permitía hacer un plan no sólo con el teatro, sino con otros edificios colindantes. No hubo manera de hacerles cambiar de opinión", explica Fisas. La familia Moro rechazó contundentemente pronunciarse sobre el caso.

Fisas insiste que desde la Comunidad lo que se hizo fue calificar el teatro para protegerlo. "¡Qué más quisiera yo que salvarlo...!", concluye. Los trabajadores del Albéniz están contratados por una empresa de servicios y no por la Comunidad, con la excepción de la directora, Cristina Santolaria, que es funcionaria.

Tanto Rosa León, concejal del PSOE, como Inés Sabanés, portavoz municipal de IU, estuvieron ayer intentando elaborar una proposición al pleno municipal para que se solicite la modificación del Plan General de Ordenación Urbana por los fallos formales que han detectado en la sentencia y para que se mantenga el uso vinculado a teatro.

Rosa León afirma que, si esto no es viable jurídicamente, se "indemnice al propietario y se mantenga el uso de teatro". La edil socialista denunció el desmantelamiento cultural de Madrid y la desaparición de cines y teatros, tradicionales espacios de la ciudad.