El Congreso aprueba la Ley de Capitalidad con el voto en contra de IU y la Chunta

Con el apoyo de todos los grupos excepto IU y la Chunta Aragonesista, el Congreso de los Diputados aprobó ayer el proyecto de Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, que reconoce la especificidad de la ciudad como capital de España; crea un órgano de coordinación política entre el Gobierno, la Comunidad y el Ayuntamiento, y da presencia al Consistorio en infraestructuras estatales como el aeropuerto. No incluye, sin embargo, ningún capítulo financiero para dotar de más ingresos a la capital. El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), asistió a la sesión junto a las portavoces de la oposición: Trinidad Jiménez (PSOE) e Inés Sabanés (IU). El texto debe pasar aún por el Senado.

Tras más de una década de intentos frustrados por dotar a Madrid de una norma específica, la Ley de Capitalidad entra en su recta final con la votación de ayer: 300 votos a favor, seis en contra (cuatro de IU-ICV, el diputado de la Chunta Aragonesista José Antonio Labordeta y la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, supuestamente por error) y una abstención (Rosa María Bonás, de ERC). El periodo de enmiendas en comisión sólo ha introducido modificaciones puntuales en el texto aprobado hace cinco meses por el Consejo de Ministros.

La ley fija la condición de Madrid como capital y sede de las instituciones del Estado, aunque eso no se traduce en más dinero ni en nuevas competencias de importancia. Con una excepción: el artículo 37 prevé que el Ayuntamiento participará en la "gestión de infraestructuras, servicios y equipamientos" de titularidad estatal cuando éstos "afecten directamente a la ciudad". Léase: la Confederación Hidrográfica del Tajo, el aeropuerto de Barajas o la red de cercanías de Renfe.

Además, el texto amplía mínimamente las competencias en seguridad vial: el Ayuntamiento podrá multar, por ejemplo, a los vehículos que circulen sin seguro.

La ciudad y el planeta

La ley crea la Comisión Interadministrativa de Capitalidad, en la que representantes de las tres administraciones deberán coordinar sus políticas en situaciones relacionadas con el carácter de capital de Madrid: manifestaciones, actos oficiales o "cualquier otra materia que pudiera afectar a las tres administraciones".

Los portavoces de los grupos fueron anunciando su posición de voto a lo largo de una sesión plenaria que comenzó a las ocho de la mañana y se desarrolló durante 90 minutos con el hemiciclo medio vacío. Algunos, como los del PNV y ERC, subrayaron que votarían a favor pero "sin entusiasmo"; otros se mostraron más convencidos, como el socialista Álvaro Cuesta, que hizo tal apología del municipalismo que acabó sentenciando: "Hablar de la ciudad es hablar de la gestión de la complejidad. El futuro del planeta depende del gobierno de la ciudad".

Todos dedicaron algún momento de sus discursos de 10 minutos a felicitar a Madrid por su hospitalidad -Luis Mardones, de Coalición Canaria, la bautizó como la "ciudad síntesis"- y más de uno aprovechó para hablar de lo suyo. "Es cierto que [Madrid] tiene una singularidad. Me gustaría instar al Gobierno a que tuviese en cuenta también la singularidad de muchísimos municipios del Estado, y en general la de aquellos costeros...", apuntó Francisco Rodríguez, del BNG. El catalán Francesc Canet (ERC) explicó que su grupo votaría a favor "no tanto por el contenido" de la ley, sino por una cuestión de principios: "Entendemos que cada país debe poder establecer un régimen municipal diferenciado para su capital", dijo, y citó en el mismo saco de capitales a "París, Barcelona y Madrid".

A eso replicó el diputado del PP Javier Fernández-Lasquetty, según el cual "a Madrid le van muy bien las cosas" porque no entra en discursos nacionalistas. "Crecemos porque no queremos tener otra nación que España. Avanzamos porque no perdemos energías en crearles problemas de identidad a la gente", añadió.

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, defendió la ley como "imprescindible" para dotar a la capital de una "gestión diferenciada". Y subrayó que la nueva norma "no altera competencias [de las distintas administraciones], sino que las pone en común".

El "no" rotundo lo dio Ángel Pérez (IU), para quien la Ley de Capitalidad es "una oportunidad perdida" porque no incluye capítulo económico y porque se ocupa mucho de fortalecer el gobierno municipal y muy poco de las necesidades de los distritos. "No hacía falta una ley de capitalidad para decir que pueden ponerse multas de tráfico", concluyó.