Cinco familias piden a la Junta indemnizaciones por retirar niños

Cinco padres biológicos han pedido indemnizaciones a la Junta de Andalucía por procesos de desamparo y retirada de menores tras "abrirse la veda" con el caso de Carmen Fernández, a la que la Junta retiró sus dos hijos. La Administración fue condenada a pagar 1,7 millones por la imposibilidad de que los niños volvieran con la mujer tras el tiempo transcurrido desde la retirada, según la Audiencia de Sevilla.

La presidenta de la Asociación Pro Derechos Humanos de los Menores, Asunción García Acosta, que aseguró que cinco casos han solicitado una reclamación, acompañó ayer al diputado parlamentario de IU José Cabrero Palomares, que presentó una proposición no de ley sobre el sistema de protección de menores, que será debatida hoy en la comisión de Igualdad y Bienestar Social. IU pedirá a la Junta que adopte "todas las medidas necesarias" para que los expedientes administrativos de menores en situación de riesgo o desamparo "se tramiten de manera urgente y se resuelvan en menos de seis meses".

Una de las reclamaciones es de Carmen Espejo, que pide 1,8 millones por los daños morales sufridos por la madre, sus dos hijas y la abuela por la retirada de la custodia de dos menores dados en preadopción a una familia. Otra ha sido presentada por la niña de Benamaurel (Granada), que exige a la Junta un millón de euros por el "calvario" que sufrió en su infancia y los traumas que padece en la actualidad. Asimismo, Alejo Pozo, un albañil sevillano, ha pedido a la justicia 400 euros por cada día que ha vivido separado de sus hijos mellizos, que le fueron retirados en el hospital en 1999, lo que eleva su reclamación a 700.000 euros. Otra familia de Segura de la Sierra (Jaén) exige más de un millón por la retirada de un menor durante dos meses por unos supuestos malos tratos que finalmente no se demostraron.