UGT pide una agencia estatal que coordine las políticas de siniestralidad

Cada día mueren en España entre cuatro y cinco trabajadores de media por accidente laboral. Para intentar frenar esta lacra, UGT propuso ayer la creación de una agencia estatal que coordine y centralice las políticas de siniestralidad que desarrollan las distintas administraciones. CC OO considera intolerable la cifra de muertes en España y pide que se reduzca a la mitad para equipararla al menos a la media comunitaria.

Las políticas de lucha contra la siniestralidad laboral están diseminadas entre las diferentes administraciones públicas (central, autonómica y local). El secretario general de UGT, Cándido Méndez, propuso ayer una agencia estatal que centralice las competencias que tienen los diferentes gobiernos en esta materia. El objetivo es rentabilizar los medios de prevención de que disponen y hacer más eficaz la lucha contra la siniestralidad. Méndez lanzó esta sugerencia en el Día Internacional de Salud y Seguridad en el Trabajo.

Este sindicato hizo ayer público un informe que pone de manifiesto la incidencia de la siniestralidad en el mercado de trabajo. Cada año se producen en España un millón de accidentes, de los que más de 1.000 acaban en fallecimiento. Los accidentes no se distribuyen de manera homogénea sobre toda la población laboral, sino que afectan especialmente a los trabajadores temporales y a los jóvenes.

De cada 1.000 trabajadores con contrato indefinido en España se accidentan 41, según datos de 2004. Esta proporción se dispara en el caso de los temporales, pues 96 de cada 1.000 sufren un siniestro. Ser joven también es un factor de riesgo para sufrir un accidente laboral. El 20% de los siniestros con baja en 2004 los sufrieron menores de 24 años.

Un 20% menos

Los sindicatos consideran urgente reducir estas cifras, tan abultadas dentro del marco comunitario. España concentra el 20% de los accidentes que se producen en la Unión Europea. La mesa de diálogo social dedicada a la siniestralidad laboral está muy paralizada hasta que se resuelva la reforma laboral que se firmará en dos semanas. Pero, en cuanto se reanuden los trabajos, las centrales pedirán al Gobierno objetivos concretos de reducción de los accidentes.

Dolors Hernández, responsable de salud laboral en UGT, cree que hay que exigir como mínimo una reducción del 20% en los próximos dos años. Comisiones Obreras cree posible exigir un recorte a la mitad, acorde con las cifras europeas.

"En valores absolutos no estamos disminuyendo la siniestralidad; es necesario, como mínimo, rebajarla un 20%", asegura Hernández. Los sindicatos pretenden incluir peticiones concretas para la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo a la que obliga la Unión Europea.

Para Joaquín Nieto, su homólogo en Comisiones Obreras, es un objetivo "perfectamente alcanzable" reducir a la mitad la incidencia de las muertes sobre la población ocupada (casi siete de cada 100.000 trabajadores en España, frente a los cuatro de la Unión Europea). Para ello es necesario que se aplique el plan de acción urgente 2006, que se implique la recién creada fiscalía para la siniestralidad laboral y que se apruebe una buena estrategia española. "Todo eso depende en gran parte del Gobierno. Vamos a juzgar el éxito laboral del Ejecutivo en función de eso", advierte Nieto.

UGT incide, además, en el coste económico de los accidentes laborales. La cuantía derivada de los siniestros asciende a 12.000 millones de euros si se estiman los costes directos, las jornadas perdidas, las prestaciones asociadas... Eso supone casi el 2% del producto interior bruto (PIB) de los últimos años.

En toda la UE, el coste de la siniestralidad laboral se estima entre 185.000 y 270.000 millones de euros. Estas cantidades son similares al PIB de Austria o de Bélgica, lo que da cuenta de la dimensión, también económica, del problema.

UGT critica que el 10% de las empresas no tenga ninguna estructura preventiva de los accidentes, según datos de un estudio del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, dependiente del ministerio. El 74% de las compañías exterioriza totalmente la organización de la prevención, el 39% no tiene evaluación de riesgos, el 70% no ha facilitado ninguna información preventiva a los trabajadores y el 68% no vigila la salud de sus trabajadores.