El empresario Rafael Ávila niega ante el juez haber prestado dinero para el 'caso Sanlúcar'

El constructor Rafael Ávila negó ayer "rotundamente" haber proporcionado dinero de su empresa para financiar el soborno del concejal del PP Manuel Ramírez en 1999. Ávila aseguró que ninguno de los imputados por estos hechos, los socialistas Agustín Cuevas y Rafael García Raposo, se puso en contacto con él para solicitarle dinero para comprar al edil popular con la intención de que no prosperase una moción de censura contra el alcalde Agustín Cuevas. Con las declaraciones de ayer, el juicio por el caso Sanlúcar entra en su recta final.

El empresario Rafael Ávila había sido señalado en primera instancia como el posible responsable de facilitar 77.500 euros para convencer al concejal del PP a cambio de concesiones urbanísticas. De hecho, en la primera fase del proceso que sigue la Sección Cuarta de la Audiencia de Cádiz, el constructor había sido citado en calidad imputado, pero los datos aportados por la investigación judicial, redujeron su consideración a la de testigo.

En su declaración de ayer, el empresario afirmó que "nunca tuvo que dejar fondos de su empresa a nadie" y aseguró que "en ningún momento" ni el secretario de organización del PSOE de Sanlúcar de Barrameda en la fecha del escándalo, Rafael García Raposo, ni el ex alcalde Agustín Cuevas, imputados por los hechos, "se pusieron en contacto" con él.

En la sesión de ayer estaba previsto también que declarasen los socialistas Juan García, Ignacio García de Quirós y Antonio Perales, los tres miembros de la dirección provincial del partido que fueron enviados a Sanlúcar el día siguiente de que el PP denunciara los hechos, con la intención de "conocer de primera mano la versión de los acusados".

Finalmente, los letrados de la acusación y la defensa renunciaron a tomar declaración a cada uno de ellos, y se limitaron a interrogar al entonces secretario provincial de política municipal, Juan García, quien reconoció que "no recordaba los detalles" de los acontecimientos porque, según dijo "perdió los cuadernos en los que anotó los detalles de las reuniones". Con todo, manifestó que García Raposo le explicó que "había mantenido contactos con el edil del PP y que éste le había solicitado, a cambio, una compensación", sin precisar más sus declaraciones. García declaró que, en su opinión, el concejal del PP responde a la figura "del cazador cazado" y explicó que se trata de una situación "alucinante" que, según dijo, "no podía permitir su partido".

También ayer prestó declaración el entonces portavoz socialista del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Sanlúcar, José Luis Cuevas, quien fue preguntado por la postura política adoptada por su partido durante el pleno en el que se llegó a debatir la moción de censura contra el alcalde Agustín Cuevas. En su declaración Cuevas no supo explicar porque, durante la sesión plenaria, el PSOE local no hizo referencia directa al supuesto soborno y se limitó señalar que en el debate "lo que hicimos fue defender la democracia".

Para el día de hoy está prevista la declaración de un empresario local que denunció, pocos días después de que saltara el escándalo, haber sido, supuestamente estafado, por el concejal del PP Manuel Ramírez. Con ello, la defensa pretende restar validez a las declaraciones del ex edil popular. También para hoy está programada la presentación de pruebas periciales por parte de especialistas de la Guardia Civil.

Con las tres declaraciones de ayer, 12 testigos han declarado ya en el juicio del caso Sanlúcar. La semana que viene cada letrado realizará su informe final. Los abogados Juan Pedro Cosano, que representa la defensa y acusación de Manuel Ramírez, y José Loaiza, que lidera la acusación del PP, coinciden con el fiscal en atribuir a García Raposo la autoría del soborno, con el conocimiento del ex alcalde de Sanlúcar y la participación del de Chipiona.

Los letrados de García Raposo y el empresario Fernando Moreno Rodríguez, Manuel Hortas y Alfredo Velloso, y el de Cuevas, Fernando Serrano, tratarán de convencer al jurado de que fue Cunete el que ofreció la venta de su voto. El abogado José Velasco, quien representa a los dos empresarios que entregaron el cheque de 30.000 euros a García Raposo, se centrará en desvincular a sus clientes de la trama. Lo mismo que procurará Jesús Rodríguez, quien representa al ex primer edil chipionero. En una posición más compleja, Gabriel Escalante, en nombre de la acusación del PSOE, tratará de demostrar que tanto García Raposo y Cuevas como Ramírez participaron activamente. Unos por intentar comprar y otro por dejarse vender.