La mujer del César

La gestora que el pasado viernes se hizo cargo del Ayuntamiento de Marbella debe preocuparse de dos cuestiones esenciales. De un lado, sacar a flote unas finanzas municipales exhaustas por un saqueo de años. De otro, devolver a los marbellíes la confianza en las instituciones y en la representación política. Lograr el primer objetivo requerirá del esfuerzo económico de la Junta y del Gobierno central. Los ciudadanos de Marbella tienen que tener garantizados los mismos derechos y servicios públicos que presta cualquier Ayuntamiento de España. Ellos se limitaron a ejercer su derecho al voto durante 15 años y aunque resulte tentador discutir el acierto que tuvieron a la hora de elegir a sus representantes, ningún ciudadano metió en la urna un cheque en blanco para que sus gobernantes pudieran expoliar las arcas municipales. Castigar a los vecinos de Marbella por la actitud de un grupo de delincuentes escondidos tras unas siglas sería una barbaridad, de la misma manera que sería un ejercicio de demagogia aplaudirles la gracia.

Aunque más difícil resulta el segundo objetivo, es ahí donde se la juegan los partidos. Sólo hay que recordar que fue la pérdida de esta confianza en los políticos lo que posibilitó que un partido, cuyas siglas eran el propio apellido de su estrambótico líder, pusiera en marcha la mayor operación de corrupción y de saqueo sufrida por un Ayuntamiento democrático. Ha resultado alentador que una situación tan excepcional como la disolución de una corporación, tras la entrada en prisión de la alcaldesa, la primera teniente de alcalde y un concejal -amén de los 22 imputados restantes-, se haya resuelto políticamente en 15 días.

Pero ese hecho no debe esconder algunos aspectos preocupantes. En Marbella están sentados como miembros de la gestora los representantes de una formación política, el PA, que apoyó la moción de censura que aupó a Marisol Yagüe a la alcaldía y a Isabel García Marcos a la primera tenencia. Un partido cuyo portavoz, Carlos Fernández, fue inhabilitado por un delito cometido desde su responsabilidad municipal en Marbella y que sigue siendo militante del PA después de que ayer el TSJA confirmara la sentencia. Por si esto fuera poco, el PA ha colocado como representantes a dos funcionarios vinculados al gilismo.

Tampoco ayuda que haya tenido que abandonar la gestora el letrado Salvador Guerrero, en representación del PP. Es el responsable del bufete que se encarga de la defensa de un edil imputado en el caso Malaya. Al PP le parecía poco "estético" que el presidente de la gestora no viviera en Marbella y se abstuvo en la votación, pero sorprendentemente tardó mucho en entender que Guerrero no podía estar en este órgano. No había mayor argumento que el sentido común para invalidar este despropósito personal de Javier Arenas. A ninguna de las dos anteriores situaciones se ha opuesto el PSOE de forma contundente. Un partido que ha dado señales de que lo más le preocupaba era garantizarse la presidencia de la gestora.

Actualmente en Marbella la mujer del César tiene que serlo, parecerlo y reparecerlo. Es difícil no sucumbir a la tentación de utilizar a estas 16 personas como correas de transmisión del partido que las ha propuesto, cuando apenas estamos a un año de las próximas elecciones. Sin embargo, deben saber que esta localidad va a estar bajo una gran lupa mediática y los elegidos soportarán una enorme presión, por lo que un traspié puede costarles su prestigio. Pero que no se equivoquen los partidos, porque ellos son los que se la juegan en Marbella. Y no sólo en las próximas elecciones, a las que únicamente parecen mirar. El gilismo sucedió a Gil porque todos mordieron la manzana podrida. Algunos siguen todavía abrazados al canasto. Si fueran capaces de darse cuenta de que cualquier partido con gente decente que gane en 2007 será una victoria de todos, cuántos problemas nos ahorraríamos.