Los canales locales de Madrid planean emitir desde un edificio multado por Aguirre

Los canales locales de televisión digital adjudicados por la Comunidad de Madrid el pasado 5 de agosto planean emitir desde la Torre de Valencia, situada en la calle O'Donnell, a poca distancia del Pirulí, el centro nodal de Abertis, la empresa que transporta las señales de las cadenas de ámbito nacional. La comunidad de vecinos de la Torre de Valencia fue multada en marzo de 2005 por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre con 1,5 millones de euros. Paralelamente, la Comunidad de Madrid ordenó el cierre de 21 televisiones locales y 33 emisoras de radio que emitían ilegalmente.

Aquella sanción se justificó por entender que el edificio se había convertido en "el principal centro de emisiones ilegales de la región". Los vecinos de la Torre de Valencia, según explicó el Gobierno regional, permitieron la instalación de antenas en su azotea, desde la que emitían 14 televisiones locales y cuatro emisoras de radio de frecuencia modulada.

A su vez, la Comunidad de Madrid avaló la difusión desde una antena situada en las instalaciones del Canal de Isabel II de las señales de La Otra, el segundo canal de Telemadrid que inició el pasado septiembre sus emisiones en tecnología analógica sin contar con la necesaria autorización del Ministerio de Industria.

Esa antena, sin embargo, no permite que la señal sea recibida en toda la comunidad, explican fuentes del sector. El Ejecutivo regional respalda la creación de una red de distribución de señales propia, según las mismas fuentes, que estaría impulsada por los nuevos operadores.

El Gobierno regional adjudicó en agosto pasado 30 canales de televisión privados. La empresa presidida por Enrique Cerezo obtuvo 10, la Iglesia católica recibió cinco, Onda Cero y el periodista de la Cope Federico Jiménez Losantos coparon cuatro licencias cada una. Además, en el reparto fueron beneficiados José Frade (3 emisoras), Blas Herrero (2) El Mundo (1) e Intereconomía (1). Según la comunidad, las empresas adjudicatarias debían comenzar a operar ocho meses después de su notificación.