El Tribunal Superior desestima la petición ecologista de paralizar las obras de la M-501
El auto considera que el Gobierno regional tomará medidas para proteger el medio ambiente
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado la petición de Ecologistas en Acción de paralizar las obras de conversión en autovía de la carretera M-501, conocida también como carretera de los pantanos. El Gobierno regional quiere ensanchar la carretera porque considera que hay demasiados accidentes de tráfico y la vía es muy peligrosa. Los ecologistas, en cambio, alertan del daño que las obras harán al entorno. El auto del Tribunal Superior ha considerado que el proyecto es de interés público y que el Gobierno regional ha previsto medidas de protección al medio ambiente.
El Tribunal Superior de Justicia considera que de los estudios de tráfico hechos en la carretera de los pantanos "se desprende de forma clara la elevada siniestralidad de la vía que hace necesaria su reforma desde el punto de vista de la seguridad vial". El auto habla también de que en la M-501 hay "retenciones muy elevadas" y esa congestión del tráfico genera "graves consecuencias para el medio ambiente por contaminación, ruido y polución". "Las frecuentes retenciones de tráfico que soporta esta vía superan claramente las cifras a partir de las cuales resulta necesaria una duplicación de calzadas", reza el auto del tribunal.
Los magistrados consideran que el Gobierno regional, además, ha previsto suficientes medidas para proteger el entorno natural. El auto habla del Plan de Integración Ambiental elaborado por la Consejería de Medio Ambiente, que introduce medidas correctoras como pasos para la fauna o para los anfibios, trasplante de arbolado o construcción de caballones para proteger los nidos de águila imperial ibérica. El tribunal destaca que el 25% de los 16 millones de euros destinados a la obra está dedicado al apartado medioambiental.
Los jueces consideran "acreditado" el interés público del proyecto de desdoblamiento de la carretera y destacan que los ayuntamientos afectados también lo consideran "imprescindible".
El auto, fechado el pasado 7 de abril, está suscrito por el presidente de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior, Gerardo Martínez Tristán, y por siete magistrados. Sin embargo, uno de ellos, José Luis Quesada Varea, ha emitido un voto particular en el que manifiesta su discrepancia con el parecer mayoritario de la sala.
Este magistrado sí cree que hay motivos para paralizar las obras de conversión de un nuevo tramo de la M-501 en autovía -hay un tramo que ya lo es, aunque no penetra en la Zona de Especial Protección de aves (ZEPA)-. Quesada considera que los problemas de tráfico de la M-501 a los que alude el Gobierno regional "se reproducen en otros muchos lugares del territorio nacional". "Hay en la actualidad múltiples medios (incremento de la vigilancia, modificación de la señalización, facilitación de itinerarios alternativos...) para impedir esos adelantamientos imprudentes que constituyen, no debe olvidarse, el único motivo que justifica para la Administración el sacrificio del interés público de la protección del medio ambiente, más aún cuando esas conductas infractoras se desarrollan principalmente los fines de semana", prosigue.
El magistrado discrepante concluye en su exposición "que concurren todos y cada uno de los requisitos para la adopción de la medida cautelar de suspensión de la ejecución del acto administrativo, la cual resulta particularmente justificada cuando la ejecución ha de desembocar en el sacrificio definitivo e irreparable de valores medioambientales de la entidad e importancia de los que aquí se hallan en juego".
Obras adelante
Desde el Gobierno regional, a pesar de la discrepancia de este magistrado, se congratularon ayer por la decisión del Tribunal Superior, que permite seguir adelante con las obras de desdoblamiento de la M-501. Según la consejera de Transportes, María Dolores de Cospedal, el auto muestra que el procedimiento seguido por el Gobierno regional "se ha realizado legalmente y no hay motivo para la suspensión".
La consejera recordó también que el Tribunal Superior desestimó recientemente la paralización de las obras de la carretera de circunvalación de Pelayos de la Presa. La petición fue hecha el pasado 11 de noviembre por el grupo ecologista Sierra Oeste Desarrollo SOStenible. La variante de Pelayos de la Presa, situada entre los kilómetros 50 y 54 de la M-501, forma parte de la conversión en autovía de la carretera de los pantanos.
Desde Ecologistas en Acción, su portavoz, Santiago Martín Barajas, señaló que la organización va a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo. "Valoramos mucho la opinión del magistrado que ha alertado del daño ecológico y seguiremos luchando para que no se cometa esta barbaridad contra el medio ambiente", concluyó Martín Barajas.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- Consejerías autonómicas
- Ecología
- TSJ Madrid
- VII Legislatura CAM
- Ecologistas en acción
- Gobierno Comunidad Madrid
- Parlamentos autonómicos
- Construcción carreteras
- Transporte urbano
- Gobierno autonómico
- Tribunales
- Madrid
- Obras públicas
- Organizaciones medioambientales
- Comunidad de Madrid
- Parlamento
- Política autonómica
- Comunidades autónomas
- Poder judicial
- Protección ambiental
- Administración autonómica
- Transporte
- Urbanismo
- Proceso judicial
- Política