La historia se repite

En la fase inicial de construcción de la estructura del Estado a partir de las posibilidades y límites que contenía la Constitución no hubo consenso. Todo lo contrario. El Gobierno de Unión de Centro Democrático pactó exclusivamente los Estatutos de Autonomía vasco y catalán. Decidió unilateralmente rebajar de manera significativa la autonomía gallega y decidió de manera asimismo unilateral que todas las demás regiones se constituirían en comunidad autónoma por la vía del artículo 143 de la Constitución, pretendiendo diferenciar de esta manera a País Vasco y Cataluña, y en menor medida a Galicia, de todas las demás regiones, que ejercerían el derecho a la autonomía en condiciones sustancialmente distintas. Esto se decidió por el Gobierno de UCD sin ponerse de acuerdo con ninguna otra fuerza política.

Fue la apuesta que se había hecho en Andalucía por la vía del artículo 151 de la Constitución para acceder a la autonomía y la necesidad de convocar el referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica el 28 de febrero de 1980 lo que impidió que esa interpretación en clave nacionalista o diferenciadora de la estructura del Estado se impusiera en la práctica. Andalucía no obtuvo su autonomía por consenso sino mediante una rebelión popular, un particular 2 de mayo, como lo calificó Daniel Gavela en sus crónicas de la campaña del referéndum para EL PAÍS.

En Andalucía se tuvo que vencer la resistencia de la derecha española y andaluza para que la región pudiera constituirse en comunidad autónoma en igualdad de condiciones con las conocidas como nacionalidades históricas. La autonomía andaluza no ha sido el resultado de un pacto entre los partidos de derecha y de izquierda. Fue una conquista ciudadana que se vehiculó a través de un referéndum celebrado en las condiciones más adversas que se pueden imaginar y que es, en consecuencia, una fuente de legitimidad democrática de una intensidad desconocida en cualquier otro territorio del Estado.

La aportación de la derecha española a la autonomía andaluza ha sido negativa. Antes de que Andalucía se constituyera en comunidad autónoma y después de haberse constituido. No quiso que Andalucía se equiparara a las nacionalidades históricas en el momento estatuyente y sigue sin querer que se mantenga esa equiparación en el momento de la reforma del Estatuto.

A medida que se ha ido avanzando en el proceso de reforma estatutaria 2006 se parece cada vez más a 1980. De forma abierta, en el caso del Partido Popular, o subrepticia, en el caso del Partido Andalucista, vuelve a repetirse la historia. De la misma manera que en 1980 fueron Rodolfo Martín Villa y Alejandro Rojas Marcos los que intentaron descafeinar el resultado del 28-F, hoy son Javier Arenas y Julián Álvarez los que intentan impedir que la reforma del Estatuto andaluz se haga en los términos que permitirían mantener la igualdad en el ejercicio del derecho a la autonomía que se conquistó entonces.

Se trata de un esfuerzo que está condenado al fracaso. De la misma manera que no consiguieron que descarrilara el tren de la autonomía andaluza en 1980, tampoco lo van a conseguir en 2006. Tanto el Partido Popular como el Partido Andalucista tienen la posibilidad de coger el tren. Sería lo mejor para todos que se decidieran a cogerlo, pero si no lo hacen el tren va a seguir su camino hasta el final y a partir de ese momento van a tener que moverse en un sistema político en cuya configuración no han participado, lo que va a afectar de manera notable a su credibilidad ante la ciudadanía.

Lo que debería preguntarse, sobre todo el Partido Popular, pero también el PA, es por qué no disponen en el Parlamento de Andalucía de una minoría de bloqueo de la reforma del Estatuto. Andalucía no es como el País Vasco, en el que la mayoría parlamentaria para la reforma es la mayoría absoluta. En Andalucía son tres quintos. La misma que se exige en la Constitución para la reforma. ¿Cómo es posible que un partido que pretende gobernar España no disponga en Andalucía de una minoría de bloqueo tan accesible?