Dos decisiones contrarias

Endesa, en su largo proceso de judicialización de la OPA lanzada por Gas Natural, ha apelado a los más altos tribunales para paralizar el proceso, incluyendo el Tribunal de Luxemburgo y el Tribunal Supremo español.

La primera gran resolución negativa que recibió la eléctrica presidida por Manuel Pizarro fue la de Bruselas, el 15 de noviembre pasado, cuando la Comisión Europea rechazó adoptar medidas cautelares tras la denuncia de Endesa, que consideraba que la operación estaba fuera de la jurisdicción española.

Según la Comisión Europea, en el año 2004 tanto Endesa como Gas Natural desarrollaron al menos el 75% de su volumen de negocio comunitario en España, es decir, más de los dos tercios (66,6%), por lo que según la normativa europea la operación no tiene dimensión comunitaria.

No obstante, la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, reconoció que le hubiera gustado analizar la OPA de Gas Natural sobre Endesa, pero que las actuales normas no dejaban lugar a dudas de que correspondía examinarla a las autoridades españolas.

Dos semanas después, la eléctrica presentó el recurso contra la decisión de la Comisión Europea, ante el Tribunal de Primera Instancia de la UE, solicitando medidas cautelares.

Endesa pidió la suspensión de la decisión de Bruselas de que fuera Madrid quien se ocupara de analizar la OPA mientras no hubiera pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión.

El 14 de enero, el Tribunal de Luxemburgo celebró la vista para dilucidar el tema. El representante de la Comisión acusó a la eléctrica de involucrar a las instituciones comunitarias en una "guerrilla" contra la OPA. Luxemburgo rechazó paralizar la operación, como había pedido urgentemente Endesa, si bien no se pronunció sobre el fondo de la cuestión, algo que le costará meses.

Ayer cambió la suerte para Endesa. El Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo decidió suspender de forma cautelar el acuerdo del Consejo de Ministros que autorizó con condiciones la OPA de Gas Natural.

El alto tribunal ha seguido el acuerdo del juzgado de lo mercantil número 3 de Madrid, que está recurrido.