El Consejo Económico y Social alerta de que la Ley de Obra Pública puede atrasar los proyectos

El anteproyecto de Ley de Obra Pública de Cataluña, que regulará los procedimientos de adjudicación, control e información de este tipo de obras, se ha topado con las objeciones del Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña (CTESC) y con la oposición frontal de la patronal Fomento del Trabajo. El órgano consultivo alerta de que la norma puede retrasar algunos proyectos, y Fomento señala algunos "indicios" de inconstitucionalidad: sostiene que la ley lesiona intereses empresariales al impedir que las constructoras puedan subcontratar libremente.

El Parlament decidió impulsar una normativa para regular la obra pública a raíz del desastre ocasionado el año pasado por el hundimiento del túnel del Carmel durante la construcción de una línea de metro, lo que obligó a derribar cuatro edificios.

El resultado es un anteproyecto legislativo que, según el Consejo de Trabajo Económico y Social, puede "atrasar" algunas obras públicas. El cumplimiento de la ley, según este órgano consultivo, "puede crear problemas económicos y organizativos de adaptación a las administraciones locales". El CTESC considera que el proyecto, además, está "demasiado centrado en la acumulación de mecanismos de control y, en cambio, no considera suficientemente la calidad como recomendaba el Parlament".

El dictamen fue aprobado por unanimidad por los agentes sociales que forman el organismo (patronales, sindicatos y académicos), aunque contó con un voto particular de la patronal Fomento del Trabajo, que consideró inconstitucionales algunos artículos. "Creemos que la ley lesiona intereses empresariales y existen indicios de posible inconstitucionalidad, en lo relativo a las subcontrataciones y a las uniones temporales de empresas", explicaron a la agencia Europa Press fuentes de Fomento.

La patronal critica los artículos 29 y 30 del anteproyecto de ley por fijar "limitaciones" a las subcontrataciones y a la constitución de uniones temporales de empresas por parte de las empresas en la ejecución de obras públicas.

Según la patronal, estas limitaciones vulneran el artículo 38 de la Constitución y la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

En el caso de la subcontratación, Fomento rechaza que el órgano público de contratación tenga potestad para "vetar" la subcontratación en determinados casos, así como la exigencia de que la empresa deba determinar a priori qué parte o partes de la obra serán objeto de contratación a terceros.

Ley de Urbanismo

El CTESC también hizo ayer público su dictamen sobre el reglamento de la Ley de Urbanismo y consideró que pese a que el decreto "amplía el principio de desarrollo urbanístico sostenible, este principio no se concreta en medidas que garanticen su cumplimiento". Además, el dictamen señala que la política urbanística en materia de suelo industrial y actividad económica no queda reflejada en el reglamento.

Los dictámenes hechos públicos ayer, que plantean un buen número de objeciones a las normativas, son algunos de los primeros que el CTESC emite desde que lo preside Mercè Sala.