Peajes mafiosos

Desde que los partidos políticos adquirieron reconocimiento constitucional y se convirtieron en las piezas básicas del sistema democrático, la costosa financiación de sus crecientes actividades ha sido una fuente de conflictos. Los procedimientos de recaudación abiertamente delictivos subvirtieron el sistema de partidos de Italia durante los años noventa y dieron lugar a escándalos judiciales en Francia, Alemania y Reino Unido; aunque en España los socialistas fueron los principales paganos de esas prácticas dolosas castigadas por el Código Penal, el PP y otras formaciones políticas también han tenido que rendir cuentas ante los tribunales por imputaciones de soborno, extorsión y cohecho. El elevado porcentaje ocupado por los opacos donativos anónimos en las cuentas de Unió Democràtica, PNV y Convèrgencia Democràtica ha sido interpretado como un claro indicio de financiación irregular.

Las imperativas cartas enviadas por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) -socio del Gobierno tripartito de la Generalitat- a un abigarrado conjunto de altos cargos, nombramientos de confianza, funcionarios en puestos de libre designación y personas contratadas, dependientes de las seis consejerías autonómicas bajo su control, para exigirles el pago de un porcentaje obligatorio de su sueldo mensual -militen o no en el partido- bajo la amenaza de ser destituidos si se resisten, muestran otra variante de esas abusivas técnicas de financiación situadas fuera o al borde de la ley. Con independencia de que esa conducta sea delictiva (la fiscalía ha comenzado a estudiar el asunto), la patrimonialización de la Administración Pública por los partidos a través de los representantes elegidos o los cargos designados bajo el amparo de sus siglas choca con los valores democráticos.

Secretario general de la Consejería Primera de la Generalitat (cuyo titular es Josep Bargalló), secretario de Organización y Finanzas de ERC (responsable de la ejecución de la operación recaudatoria) y director general de la Fundación Irla (encargada de recibir los pagos), Xavier Vendrell utiliza al tiempo los tres sombreros como factótum de una sórdida estrategia para financiar la tesorería del partido; su furia grafómana ha dejado numerosas y visibles huellas del carácter coercitivo de los métodos aplicados para conseguirlo, que se extienden al cobro de atrasos y a la exigencia de certificados de retención de Hacienda para evitar ocultamientos. Tras una primera notificación sobre la supuesta obligación tributaria de la víctima, las segundas misivas enviadas a los sorprendidos morosos incluyen una amenaza propia de las exacciones mafiosas; el firmante por partida triple recuerda al inerme destinatario que la Carta Financiera de ERC faculta a la Ejecutiva del partido para exigir a la persona responsable de su nombramiento "la destitución inmediata" del deudor.

Las atenuantes aducidas por algunos dirigentes de ERC para rebajar las dimensiones del escándalo pretenden equiparar ese impuesto obligatorio con las aportaciones voluntarias de los afiliados. Las cuotas fueron inicialmente la única fuente de los ingresos de los partidos de masas; una forma modernizada de esa antigua tradición son las contribuciones de los militantes que ocupan cargos electos en los órganos representativos o de libre designación en las Administraciones Públicas. Si bien la parte del león de la financiación de los partidos son las subvenciones públicas reguladas por la ley de 1987, las aportaciones de sus parlamentarios centrales y autonómicos, concejales y altos cargos resultan algo más que simbólicas. Es cierto que los usos tienen su propia fuerza coercitiva y que un afiliado renuente o cicatero puede ser castigado en su día con el apartamiento de las listas electorales y de los organigramas estatales; sin embargo, el carácter formalmente voluntario de ese compromiso se halla fuera de duda. Pero si los amenazantes tonos utilizados por Vendrell para exigir el pago de la cuota a los afiliados de ERC roza el esperpento, la imposición de un tributo forzoso bajo amenaza de despido a las personas sin afiliación política es un peaje cercano a la exacción.