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El Supremo de México autoriza la extradición de seis presuntos etarras

Formaban parte de un 'comando' detenido en julio de 2003

Los seis etarras arrestados en México podrán ser extraditados a España después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazara a primera hora de hoy viernes -hora peninsular española- el recurso de amparo solicitado por los acusados, que han agotado todos los medios de defensa para impedir su traslado.

Los jueces del Supremo se reunieron ayer para estudiar el caso de Asier Arronategui, Ernesto Alberdi, Félix Salustiano García, Juan Carlos Artola, José María Urquijo y María Asunción Gorrochategui. Todavía no estaba claro si los seis presuntos etarras serán extraditados a España, porque la Corte todavía debe notificar su decisión de forma oficial al Gobierno español, que dispondrá de 60 días para enviar a sus representantes para supervisar el proceso.

Se espera que éste sea uno de los temas que más polémica genere, aunque sólo por algunos de los delitos que se atribuyen a los acusados y no por todos: asociación ilícita, integración de banda terrorista, allegamiento de fondos con fines terroristas y blanqueo de capitales.

Los seis presuntos etarras, reclamados por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que les acusa de tener vínculos con la trama financiera de ETA, fueron detenidos entre el 17 y 18 de julio de 2003 y están acusados de formar parte de un comando de ETA que operaba desde México y que participó en la adquisición de 180 temporizadores electrónicos para elaborar artefactos explosivos.

Ya en julio de 2004 el Ministerio de Asuntos Exteriores mexicano había autorizado extraditar a España de los seis presuntos etarras, y en reiteradas ocasiones había mostrado su disposición a colaborar con las autoridades españolas en esta materia. Sin embargo, una juez mexicana suspendió la extradición en agosto de ese año.

Tras conocerse la decisión de la juez, el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos se lamentó de que en México existieran "grupos de presión" a los que habría que "explicarles bien" quiénes son los etarras que se amparan en "interpretaciones erróneas de ciudadanos en el exterior".

En julio de 2005, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, también trató este tema en la cumbre ministerial España-México con el fiscal general del país americano, Daniel Cabeza de Vaca. López Aguilar declaró tras la reunión que el Gobierno confiaba en la Justicia mexicana y que el proceso judicial se resolvería "en pocos meses".

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