Sólo 10 de 300 PAI tienen el agua garantizada, según la Confederación del Júcar

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha estudiado en dos años 300 planes urbanísticos (PAI) para informar sobre la disponibilidad de agua, y sólo una decena tienen recursos garantizados. Otros 50 informes son desfavorables, y los restantes planes deben asegurar que aportarán agua tras una primera evaluación negativa, según explicó ayer el presidente del organismo, Juan José Moragues, en la presentación de unas jornadas del PSOE sobre la ocupación del litoral.

Moragues constató con estos datos la fuerte presión sobre los recursos hídricos que acarrea el boom urbanístico en la Comunidad Valenciana y apuntó que en algunos PAI la tramitación no se ha detenido a pesar de los informes desfavorables de la confederación, por lo que el Gobierno recurrirá su aprobación, como ya hizo en el caso del proyecto de La Bega de Cullera. La confederación, también en los dos últimos años, ha abierto un millar de expedientes sancionadores por el uso abusivo del agua, vertidos contaminantes o la ocupación de barrancos y otras zonas del dominio público hidráulico. "Al ver estas cifras nos damos cuenta de que algo está fallando. Para nosotros no es una alegría oponernos al desarrollo, no estamos en contra, pero son indicadores de que algo no está bien", afirmó.

El presidente de la CHJ recordó que la mayor parte de los recursos del territorio valenciano son subterráneos, como muestran los 35.000 expedientes de pozos que tramita el organismo para la inscripción en sus registros. "Nos estamos bebiendo el futuro", advirtió Moragues, quien señaló que la modificación de la Ley de Aguas y la nueva ley del suelo que prepara el Gobierno prevén que los informes previos de disponibilidad de agua en los planes urbanísticos sean "preceptivos y vinculantes". Las reformas también incidirán en el control de las aguas subterráneas y exigirán que los promotores participen en la construcción de las infraestructuras hidráulicas necesarias para ese desarrollo, según explicó Moragues en el arranque de unas jornadas organizadas por el PSOE en Valencia para analizar la ocupación excesiva del litoral y las opciones para articular una gestión integral y sostenible de la costa mediterránea.

En la presentación de estas jornadas, que se clausuran hoy, el secretario de Medio Ambiente del PSPV-PSOE, Francesc Signes, denunció que el PP valenciano "ha impulsado una urbanización desaforada y depredadora", especialmente en el litoral, y "se beneficia directamente de la cultura del pelotazo". Signes aseguró que el Plan de Acción del Litoral presentado por el Consell producirá "un nuevo efecto llamada a la especulación en la costa" y reclamó que "a través de una ley se modifique la posibilidad de rescatar las competencias urbanísticas en aquellos municipios que abusen de las mismas". En ese contexto, Signes mencionó las investigaciones de la fiscalía en Orihuela y alertó de una "marbellización" en municipios valencianos. El dirigente socialista acusó a la Generalitat presidida por Francisco Camps de permitir la destrucción del litoral y "abandonar la política del agua" para gastar fondos en campañas de publicidad en defensa del trasvase derogado del Ebro y la Fundación Agua y Progreso como vehículo de su estrategia contra el Gobierno socialista.

La secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del PSOE, Soraya Rodríguez, incidió en la necesidad de cambiar la normativa del suelo aprobada en 1998, que a su juicio ha causado "importantes problemas en la gestión urbanística". Rodríguez sostuvo que la situación medioambiental es especialmente "preocupante" en la Comunidad Valenciana, y que este desarrollo "supondrá una severa hipoteca para las generaciones futuras". El 26% del PIB valenciano es resultado de la actividad constructora, con 110.000 viviendas anuales que triplican la creación de nuevos hogares, según sus datos. La responsable socialista denunció la valoración "especulativa" del suelo rústico, cuyo precio se ha disparado de una media de tres euros por metro cuadrado a 67 por las expectativas de beneficio urbanístico, e invitó a la reflexión para articular nuevas políticas de ordenación del territorio sostenibles.