La compensación que recibirán las comunidades por la atención sanitaria a extranjeros se eleva a 280 millones

La compensación que recibirán este año las comunidades autónomas del Gobierno central por la atención sanitaria a ciudadanos extranjeros asciende a 280 millones de euros, según explicó ayer el Ministerio de Sanidad a los responsables autonómicos del ramo durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La cifra supera la previsión inicial aprobada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el pasado mes de septiembre.

Por un lado, el Ministerio de Trabajo repartirá entre las comunidades, por primera vez, 260 millones para atender a los extranjeros residentes en España -la cifra inicial era de 200 millones-. Y, por otro, el Ministerio de Sanidad aportará otros 24 millones para atender a los turistas que necesiten asistencia durante su estancia en España. Respecto al problema del turismo sanitario (personas con dolencias que en su país no se tratan gratis y se van a otros donde la prestación es gratuita), la ministra Elena Salgado señaló que el Gobierno tiene "gran interés en que no exista", pero "también debe procurar que la asistencia de calidad que se presta sea un incentivo para que los turistas decidan venir de vacaciones", dijo.

Este dinero destinado a la atención de turistas es parte del Fondo Sanitario de Cohesión, que este año será de 100 millones (45 más que el año pasado). De ahí también saldrá la partida para compensar los gastos sanitarios que supongan los pacientes derivados de otras autonomías que no pueden ser atendidos en las suyas.

Durante la reunión celebrada ayer, el ministerio presentó el proyecto de real decreto que regulará el Fondo de Cohesión. En el texto se especifican los casos en los que se financiará gracias a este fondo hasta el 80% del gasto que supongan (en el decreto actualmente en vigor es del 40% de media).

Para las comunidades autónomas gobernadas por el PP, el incremento del fondo es "insuficiente". El consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, dijo que de aprobarse el decreto en los actuales términos, "se agravaría el desequilibrio entre comunidades" y pidió "un esfuerzo de actualización de los fondos de cohesión". En este sentido, Salgado admitió que sería necesario elaborar un nuevo sistema de financiación que tenga en cuenta la población actual (cuatro millones de personas más que en 2001). El consejero valenciano Vicente Rambla pidió que se revisaran los criterios de concesión de los fondos. La ministra recordó que el plazo de alegaciones al proyecto de decreto comenzará en las próximas semanas.

Por otro lado, el ministerio explicó el reparto de otros 37 millones de euros entre las comunidades para proyectos de prevención del tabaquismo (14 millones, incluido el control del cumplimiento de la ley antitabaco), de seguridad para pacientes y profesionales sanitarios (5), estrategias de salud (6,7), sistemas de información sanitaria (3), atención perinatal (2), prevención del sida (4,8) y para enfermedades de especial relevancia, como la gripe aviar (2,4 millones).