La oposición reclama la disolución del Ayuntamiento tras la nueva crisis municipal
La Junta destaca la dificultad de los plazos y Chaves pide que nadie saque "tajada política"
Los tres partidos de la oposición en Andalucía (PP, IU y PA) exigieron ayer la disolución de los órganos de gobierno del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) tras la nueva crisis municipal. Las tres formaciones aludieron a la insostenible situación en la que se encuentra el consistorio tras la detención de la alcaldesa marbellí, Marisol Yagüe, y otros dos concejales. El Gobierno andaluz estudia si hay plazo legal para aprobar la disolución antes de la celebración de las próximas elecciones municipales, que tendrán lugar en 14 meses. Lo que tiene claro la Junta es que no hay margen para convocar elecciones anticipadas. Ante esta petición, el presidente andaluz, Manuel Chaves hizo hincapié en que "nadie debe intentar sacar tajada política de esta situación".
Chaves mostró ayer su "firme respaldo" a la actuación de los jueces, fiscales y fuerzas de seguridad del Estado en Marbella al entender que es "el reflejo de que funcionan las instituciones del Estado de Derecho, que se ha visto conculcado, presuntamente, por la actuación de varios concejales". "Es necesario que en Marbella impere la ley", enfatizó Chaves desde Jaén, donde añadió que la operación judicial y policial "no es ningún problema para Marbella, y sí la solución", informa Ginés Donaire.
Preguntado acerca de si apoyaba la disolución de la Corporación, el presidente andaluz pidió esperar a que resuelvan los órganos judiciales y añadió: "Nadie debe intentar sacar tajada política de esta situación.
Para Chaves, que fue informado de la operación por el ministro del Interior, José Antonio Alonso, lo ocurrido ayer respalda la decisión del Gobierno andaluz de retirar las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella. "Ahora tiene más sentido esa decisión", dijo Chaves.
Por su parte, las direcciones regionales de PP, IU y PA demandaron la disolución del Ayuntamiento marbellí. En el caso del PP, también pidió elecciones anticipadas. El artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, que data de 1985, permite al Gobierno central tomar esta decisión, pero nunca se ha llevado a la práctica.
El Ejecutivo autonómico considera que los plazos marcados por la legislación dificultan la disolución del Consistorio antes de la celebración de las próximas elecciones municipales, en mayo de 2007. En cualquier caso, la Junta está estudiando la legislación para ver si hay margen para disolver el Ayuntamiento marbellí.
El Gobierno andaluz sí ha llegado a la conclusión de que no hay plazo para convocar elecciones municipales anticipadas en Marbella. El artículo 183 de la Ley para la Garantía de la Democracia en los Ayuntamientos, aprobada en 2003, establece que, tras la disolución de una corporación, hay que convocar elecciones en el plazo de tres meses y que el mandato del nuevo gobierno local debe durar al menos un año. La Junta señala que aprobar la disolución, con todos los trámites que este proceso incluye, y celebrar elecciones antes de mes de mayo de este año es imposible. Por tanto, en caso de que se optara por la disolución, el Ayuntamiento quedaría en manos de una gestora hasta mayo de 2007.
Esta opinión no la comparte el presidente del PP, Javier Arenas, quien dijo que todavía hay tiempo para ordenar la disolución y convocar elecciones anticipadas en Marbella. "Hay que liberar a los vecinos del calvario que están pasando con este Ayuntamiento", dijo. En 2003, cuando era ministro en el Gobierno del PP, Arenas se opuso a la disolución del Ayuntamiento marbellí con el argumento de que entonces no se daban los supuestos que recoge la ley.
El coordinador regional de IU, Diego Valderas, insistió también en la disolución de la corporación y en la creación de una gestora en el Ayuntamiento hasta las elecciones. Mientras, la vicesecretaria general del PA, Antonia Agudo, señaló que la mejor salida es la disolución de la corporación.
![Vecinos de Marbella, concentrados ayer en las puertas del Ayuntamiento.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/4JVGEKXEPXF4COTLC7WU233HOA.jpg?auth=b862cffc73f0abb9a0e58042939ac265b3cd64cbba2a841045c322edd16f33d4&width=414)
Artículo 61.1 de la ley de bases de Régimen Local
El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante Real Decreto, a la disolución de lós órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus intereses constitucionales.
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