Copia de las mayorías

Los organismos reguladores encargados de velar por las condiciones de competencia en España sufren una intensa pérdida de credibilidad, acentuada durante los últimos meses por la deficiente gestión que sobre todo el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) ha realizado de las OPA lanzadas sobre Endesa, primero por Gas Natural y después por E.ON. El Gobierno ha presentado dos iniciativas que modifican la composición y funcionamiento de las instituciones reguladoras, que, aparentemente, no van a contribuir a recuperar su credibilidad.

Para empezar, ha aprobado una reforma de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) que amplía sus competencias de forma que pueda dictaminar sobre compras de empresas energéticas, aunque el comprador no sea español. Los superpoderes concedidos a la CNE pretenden indisimuladamente facultar a la institución para que ponga todos los obstáculos a la OPA de E.ON sobre Endesa. Un oportunismo que no contribuye a reforzar la neutralidad política del regulador energético.

Otra iniciativa, más meditada, pretende aplicar una reforma estructural en el Tribunal de Defensa de la Competencia y en el Servicio de Competencia, ambos relacionados funcionalmente y dependientes del Ministerio de Economía y Hacienda. Ambos se integrarán en una institución única, que pasará a llamarse Comisión Nacional de Competencia, que mantendrá en su seno las operaciones de análisis técnico o de instrucción y de decisión político-jurídica hasta ahora separadas en Tribunal y Servicio. La nueva comisión contará con un presidente y cuatro vocales cuyo nombramiento deberá ser examinado por el Congreso.

El esfuerzo de simplificación no es desdeñable; ahorrará tiempo y dinero que solían enterrarse en farragosos trámites. Pero hay que advertir de que el problema fundamental del TDC no es de organización, sino de credibilidad y composición. Mientras los consejos de los reguladores se construyan reproduciendo las mayorías parlamentarias, y nada hace pensar que esto deje de suceder, a pesar de que sea ahora el Congreso instrumento principal de nombramiento de presidente y vocales, estará presente la amenaza de la politización. No sólo porque el partido en el poder se garantiza disponer de una mayoría de votos con los correspondientes nombramientos, sino porque las maquinarias políticas tienden a designar consejeros con perfiles de "comisario político" y sin la suficiente capacidad técnica para fijar criterios válidos. Con la reforma se ganará en simplicidad, pero difícilmente aumentará la credibilidad. Y ése debería ser el objetivo principal.