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Marugán declara que parar el antiguo trazado del trasvase fue adecuado

El consejero delegado de Aguas del Júcar dice al juez que ejecutar costaba más

La impugnación de la paralización cautelar del antiguo trazado del trasvase Júcar-Vinalopó llegó ayer a juicio. José María Marugán, consejero delegado de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dijo que la decisión del consejo de administración de 29 de julio de 2005 se amparó en una recomendación verbal del Ministerio y en que era menos costoso paralizar que permitir la ejecución hasta que se decidiera sobre el trazado.

Una hora duró ayer la vista oral en el Juzgado de Lo Mercantil número 1 de Valencia. José María Marugán llegó a las 10.00 y explicó al magistrado dos ejes fundamentales de la impugnación que motivó el litigio: la capacidad para decidir y la existencia o no de una valoración del impacto económico de la misma. Marugán fue nombrado consejero delegado de la sociedad estatal Aguas del Júcar en julio de 2004. Como máximo responsable, reconoció que desde el primer momento estaba en cuestión la ejecución de la política del agua. Un mes después se constituyó una comisión técnica, promovida por el director general del Agua del Ministerio de Medio ambiente, Juan José López Martos. El objetivo, dijo Marugán, era estudiar la viabilidad de la conducción Júcar-Vinalopó. Las ejecuciones de los tres últimos tramos de aquel trazado después derogado, los referidos documentalmente como 2, 3 y 4 fueron adjudicados en abril de 2004, con el PP en el gobierno en funciones.

Marugan, respondiendo al letrado que de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Alacantí y Marina Baixa, que presentaron la impugnación en agosto pasado, dijo que la decisión de la paralización cautelar de la ejecución de los tramos 2, 3 y 4 no respondió a una orden escrita del Ministerio. "No tenía un papel. Lo que tenía era, como consta en un acta, una recomendación verbal de Jaime Palop y se acordó por el consejo de Administración". Dijo, además, que era "interpretable", si esa decisión precisaba de un amparo específico porque la propia naturaleza de la sociedad "obliga a velar por el interés general". Las obras, por un total de 90 millones de euros, se habían ejecutado al 1% en los tramos 2 y 3, y al 0,5% en el tramo 4. "Era menos costoso paralizar cautelarmente eso que permitir que progresara cuando no estaba claro que el trazado se mantuviera".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 23 de marzo de 2006