Democracia rural y planes urbanísticos

Se ha escrito mucho sobre la descentralización del Estado de las Autonomías y las ventajas de la aproximación de las diversas Administraciones a los problemas reales de los ciudadanos y a su solución. ¿Es esto así en la realidad?

Por supuesto que se dan las bases para ello. Lo estamos viviendo desde el principio del sistema democrático en los ambientes rurales: hay instrumentos concretos para la profundización diaria de la democracia, la solución de los problemas y el progreso en la calidad de vida de los ciudadanos.

Los abajo firmantes hemos sido testigos de excepción, y protagonistas, como responsables de la Administración Local, en pasadas legislaturas del periodo democrático, y hemos trabajado por impulsar esa "aproximación", aunque en alguna ocasión no lo hayamos conseguido.

Estamos obligados a advertir de las consecuencias de un crecimiento forzado

Reconocemos que en la vida rural, donde todos nos conocemos y nos cruzamos cada día, se teje una red invisible de intereses, relaciones familiares, laborales, etcétera, que pueden condicionar la libertad, porque cualquier opinión individual es conocida y transmitida, no siempre con justeza, mientras, al mismo tiempo, esa cercanía diaria puede ser un vehículo de diálogo, comunicación, libertad.

Pero cuando surge un obstáculo objetivo para la "aproximación" de la administración local a los vecinos, hay grave riesgo de que se produzca un gran distanciamiento. Porque la "proximidad" también es una tentación para señalar con el dedo a los disidentes, para descalificar. Y cabe el riesgo de que, subjetivamente, los administrados sientan el temor de que el poder local, por estar tan cerca, se vuelva contra ellos en sus negocios, en las pequeñas gestiones que dependen del Ayuntamiento.

Pues bien, creemos que el principal obstáculo objetivo para esa "proximidad" procede en estos momentos de la política inmobiliaria de muchos Ayuntamientos. Cualquier decisión municipal trascendental, como, en el caso que nos ocupa, es la publicación de un plan urbanístico, tiene un grave riesgo de producir enfrentamiento, distanciamiento entre personas o familias, presiones contra la libertad de expresión.

Esto se agudiza, en nuestro caso, porque vivimos en un municipio, Rascafría, en plena Cabecera del Valle del Lozoya, en un momento especialmente sensible en el que se discute cómo preservar toda la Sierra de Guadarrama, como Parque Nacional, del que nuestro término municipal será una parte importante; vivimos en una zona privilegiada de la Naturaleza, conservada casi intacta durante siglos, que alguien ha calificado como "ámbito de excelencia", visitada por más de 300.000 personas cada año.

En nuestra opinión, Rascafría, al igual que la zona limítrofe, cada vez en mayor medida, es una comarca cuya riqueza va a estar en la explotación de sus recursos turísticos, administrados desde la conservación de sus recursos naturales y de su situación geográfica privilegiada.

Nuestra Administración Local, apoyada o tolerada por la Autonómica, decide por exigua mayoría (5/4), presentar un plan urbanístico, evidentemente con el apoyo de una parte de los vecinos, entre otros, constructores y propietarios de terrenos a recalificar.

Es lícito que defienda un tipo de crecimiento, y esgrima "razones" de "progreso", o desarrollo económico... Por tratarse de un tema que afecta tanto al presente como al futuro de todos, y afecta también a cientos de miles de madrileños, sería una buena oportunidad para "aproximarse" al conjunto de los vecinos, para dialogar entre todos sobre esas "razones", y sobre qué tipo de "progreso" lo defiende mejor.

Frente a esa postura creemos estar moralmente obligados a advertir de las consecuencias adversas que puede traer para el futuro de nuestro pueblo un crecimiento forzado, carente a todas luces de infraestructuras adecuadas, que, además, destruye nuestro Patrimonio de Naturaleza, heredado de generaciones de esfuerzos, que consideramos la principal base de nuestro verdadero y duradero desarrollo futuro.

Es también lícito que pensemos así y lo expresemos sin ninguna cortapisa.

Y es completamente imprescindible que se salvaguarde plenamente la libertad de expresión, desde la Autoridad Municipal, y se combata cualquier limitación, amenaza, coacción o descalificación contra ella.

Es la única vía para acercar la Administración Local a los ciudadanos, aunque estén en la oposición a "su" plan urbanístico.

Estamos, además, en una oposición constructiva: ofrecemos una alternativa de crecimiento y progreso, que no necesita agredir a nuestro entorno natural, sino, todo lo contrario, respetarlo y mimarlo como la principal fuente de nuestra riqueza y desarrollo actual y futuro.

Por eso, pedimos que se retire este plan urbanístico y se elaboren las bases de un auténtico desarrollo con la participación y el consenso de todos.

Así lo hemos pedido en más de 1.300 sugerencias presentadas a la primera edición del Avance y así lo estamos reclamando en las Sugerencias que ya estamos presentando a la Segunda edición del Avance (que no elimina los defectos básicos del primero).

Es nuestra opinión y la de muchos. Unos lo decimos en voz alta, a pesar de repercusiones negativas en nuestra vida diaria, otros muchos prefieren decirlo en voz baja... Pero reclamamos que todos lo puedan decir en voz alta, sin que se nos señale con el dedo, sin que se nos ataque, ni de hecho ni de palabra.

Es la "aproximación" que exigimos a nuestra Administración Local y la "democracia rural" que reclamamos: libertad de opinión sobre nuestro futuro para que no quede hipotecado por un plan urbanístico nefasto.

Manuel Canencia, Manuel Vázquez, Pedro Pérez Molina y Félix Sanz son ex alcaldes socialistas de Rascafría y miembros de la Plataforma Conjunta en Defensa del Valle Rascafría-El Paular.