La Junta da por roto el convenio con Marbella para el nuevo PGOU

La retirada de competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella no va a ser la única medida de intervención de la Administración autonómica para devolver la normalidad al municipio. La Consejería de Obras Públicas ha iniciado los trámites para denunciar el convenio de colaboración que firmó en enero de 2004 con el Ayuntamiento que preside Marisol Yagüe para la elaboración de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Según la Junta, el Consistorio ha incumplido el convenio de manera "reiterada y grave". El equipo redactor del plan entregó el viernes día 17 un informe a la Consejería en el que enumera numerosas trabas que el Consistorio ha puesto para obstaculizar su trabajo.

La Junta ya ha dado el primer paso formal para la resolución del convenio, cual es la avocación de competencias de la consejera, Concha Gutiérrez del Castillo, a la directora general de Urbanismo, Mercedes Izquierdo, que fue quien en representación de la Consejería firmó el 15 de enero de 2004 el convenio de colaboración con Yagüe. Pese al contenido del acuerdo, la realidad desde el primer momento ha evidenciado la disparidad de criterios entre ambas administraciones sobre el modelo que debe guiar el desarrollo urbanístico de la ciudad y los contenidos del plan.

Para la Junta, la prueba más evidente de los incumplimientos del convenio es la reiterada concesión de licencias por parte del Ayuntamiento para construir viviendas en contra de las directrices del documento de avance del nuevo plan redactado por el equipo que dirige el urbanista Manuel González Fustegueras.

Además, la Consejería entiende que el "reiterado incumplimiento" de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) por parte del Ayuntamiento en cuanto a la concesión de licencias ilegales, la negativa a revisar éstas, el incumplimiento de las resoluciones judiciales y la dejación en el control de la disciplina urbanística que han motivado el inicio del expediente de retirada de competencias es también una prueba de la "deslealtad" del Consistorio en el cumplimiento del convenio sobre el PGOU. "Una administración nunca puede ir contra la ley", asevera un portavoz de la Consejería. El primer punto del acuerdo recogía que "el objetivo común de las administraciones que rubrican el presente convenio es la revisión del planeamiento urbanístico general de la ciudad de Marbella y el cumplimiento de lo previsto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía".

En virtud del convenio, se convocó un concurso para la adjudicación de los trabajos de revisión del plan, que fue adjudicado a Territorio y Ciudad, el estudio que dirige González Fustegueras. En mayo de 2005, éste presentó un documento de avance del nuevo PGOU avalado por la Consejería que recogía un procedimiento para la normalización urbanística que permitiría la legalización del 85% de las 30.000 viviendas ilegales construidas en Marbella en los últimos 14 años mediante un sistema de compensaciones.

El equipo de gobierno de Yagüe nunca ocultó su disgusto con el documento propuesto, y por ejemplo, al margen de la comisión de seguimiento prevista en el convenio, inventó una mesa social del PGOU a la que invitó a formar parte a colectivos afines a sus tesis para hacer más fuerza contra el plan. El Ayuntamiento además estimó en 6.500 millones de euros los costes que supondría la normalización urbanística propuesta en el documento de avance, cifra que consideró "absolutamente imposible" de asumir, y que tanto la Junta como el equipo redactor consideraron un invento sin fundamento.

El Ayuntamiento sacó a información pública el documento, al que se presentaron 1.500 sugerencias. El equipo redactor ya las ha estudiado y las ha rechazado en su mayoría porque "no tienen cabida en el modelo propuesto". El informe fue entregado el viernes tanto al Consistorio como a la Junta. Pero a ésta además se le acompañó de un segundo documento en el que se detallan una serie de trabas que el Ayuntamiento ha puesto al equipo redactor. Por ejemplo, la entrega en varias fases e incompleta de las sugerencias. A todas aquellas que proceden de promotores que han suscrito convenios con el Ayuntamiento que no tienen cabida en el nuevo plan, se les arrancó la parte donde constaba el dinero entregado por anticipado al Consistorio.