1989, secuestro en el Poder Judicial
El incidente de ayer en el Tribunal Supremo trajo a la memoria de los magistrados más veteranos otro suceso muy similar, acontecido en 1989 en el Consejo General del Poder Judicial, y que consiguió resolverse gracias a la decisiva intervención de la actual vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
En aquella ocasión, un comandante del Ejército se presentó, el 20 de octubre de 1989, en la antigua sede del Consejo del Poder Judicial, en el Paseo de La Habana de Madrid. El militar pidió ver al presidente del organismo, a la sazón Antonio Hernández Gil, y los guardias civiles, al ver su carné militar, le franquearon la entrada. Ya en el interior del edificio se dirigió a la planta de Presidencia, donde se encontraba reunida la Comisión Permanente, integrada por el vicepresidente, Manuel Peris, y los vocales Juan José Martínez Zato, Pablo Beltrán de Heredia, Pablo García Manzano y Roberto García-Calvo. Estaban también presentes el secretario general, un facultativo y la letrada María Teresa Fernández de la Vega, que ejercía de jefa de personal del organismo.
El comandante expresó su deseo de entrar en la reunión y cuando una funcionaria intentó impedírselo, sacó una pistola y cruzó la puerta. El militar encañonó a los presentes y comenzó a pedirles cuentas por el archivo de una denuncia que había presentado en el Consejo contra un juez que llevaba un pleito civil en el que el comandante era parte interesada.
El intruso permaneció durante un cuarto de hora encañonando a los vocales, hasta que la situación se fue distendiendo. María Teresa Fernández de la Vega le pidió que le dejara ir a buscar su expediente, a lo que el militar accedió. Junto a ella salió el vocal García Calvo. Como imaginaba la hoy vicepresidenta, tras la puerta se encontraban el comisario de policía y varios guardias civiles alertados por la secretaria, que consiguieron reducir al militar. Al llegar al juzgado se percataron de que el comandante llevaba también seis granadas de mano.
