Botellones y ayuntamientos

La convocatoria de los llamados botellones y, en especial, el que está previsto en todas las capitales andaluzas - excepto en Cádiz- para este viernes, ha colocado a las autoridades en una situación difícil. Ayuntamientos, Junta de Andalucía y Gobierno vienen destacando de alguna manera su falta de competencia para dar respuesta globalizada a estos movimientos. Se está generando, pues, un panorama competencial disperso. De una parte porque se da la impresión de que se desconoce el alcance y contenido de los derechos de los jóvenes a utilizar la vía pública. De otra porque genera una cierta confusión en los ciudadanos. No saben, en aquellos casos en los que se violente su derecho al descanso y a la libre circulación por la ciudad, a quién o quiénes deben de acudir para alcanzar su protección.

En esta encrucijada en la que aparecen autoridades, vecinos, padres, juventud y ciudadanos en general, así como en este entrecruce de competencias y contenidos de derechos, debería eliminarse el elemento incertidumbre. Es perjudicial para el ejercicio de los derechos. De ahí que, desde este planteamiento, no sea posible aceptar las manifestaciones que los alcaldes de las capitales andaluzas realizaron en junio del pasado año en Antequera. No es aceptable que aleguen indefensión ante los botellones. Ni fueron aceptables entonces y tampoco ahora. El problema surge y se desarrolla en el ámbito de las ciudades y están obligados a darles respuesta.

El poder trae como consecuencia obligada su ejercicio ante situaciones que lo demandan. Los macrobotellones implican la utilización del espacio público de las ciudades en las que ocupan la alcaldía. Lavarse las manos es cerrar los ojos ante un problema por la dimensión que alcanza, y anteponer las consecuencias políticas que pueden acarrear la toma de medidas que, fácilmente, se van a considerar impopulares por una parte de la juventud, a los derechos de los ciudadanos.

No se trata, con esta afirmación, exigir una actuación municipal dirigida a la prohibición del ocio juvenil. Sería tan absurdo como pretender ponerle puertas al campo. La juventud, desde siempre, ha mostrado una rebeldía frente a la sociedad. La sociedad, de una y otra forma, la ha admitido. La historia de los botellones es una prueba de tolerancia en su origen y que, y aquí no debemos engañarnos, hoy se ha trasformado en una diversión en la que el alcohol es el centro de la fiesta. La tolerancia, pues, debe dejar paso a un hacer, de forma que no se perjudiquen los intereses generales de la ciudad y de los ciudadanos. No se puede aceptar con naturalidad el consumo indiscriminado de alcohol en la vía pública.

Hay que actuar y con sinceridad. Y no aprovechar, como está haciendo el PP-A por boca de Javier Arenas, para cargar de responsabilidades a quien más interese en cada momento. Los intereses generales de las poblaciones y la salud deben primar sobre los intereses políticos. Y, en esta elección, la mayor responsabilidad cae en el ámbito municipal, precisamente en el que mayor representatividad tiene el PP por el número de capitales andaluzas. Y cae más del lado municipal porque los ayuntamientos tienen competencias, entre otras, en materia de ruidos, limpieza, tráfico de vehículos y medio ambientales. Además lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, exigiendo a las corporaciones que apliquen las ordenanzas municipales de forma estricta y eviten el ruido, el consumo del alcohol en la calle e instalen unitarios públicos. Una decisión judicial que recuerda a los ayuntamientos que, sobre ellos, recae fundamentalmente la obligación de evitar excesos y el uso desproporcionado del derecho al ocio juvenil. Indudablemente que, en esta tarea municipal y de todos, puede ser complementada por la Junta de Andalucía y el Estado, mediante una regulación eficaz sobre venta y consumo de alcohol en lugares públicos. Una necesidad complementaria, en la que los Ayuntamientos no pueden ampararse para justificar una cierta pasividad, pues las ordenanzas municipales y el TSJA les otorgan los fundamentos reglamentarios y judiciales para actuar y no desatender sus obligaciones públicas.