El Consejo Consultivo plantea que la reforma del Estatuto aclare el papel de los municipios

El dictamen del Consejo Consultivo sobre el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía recoge una contundente crítica a la organización administrativa de la comunidad. El solapamiento de administraciones (central, autonómica, local, diputaciones y otros órganos territoriales) ha generado "conflictos competenciales", un incremento desproporcionado del gasto público y "confusión al ciudadano", según el órgano consultivo de la Junta de Andalucía. Por este motivo, el Consejo Consultivo plantea utilizar la reforma del Estatuto para aclarar las competencias de cada administración, sobre todo de los ayuntamientos. El presidente de este órgano, Juan Cano Bueso, defendió que cada comunidad tenga un "régimen local propio".

Cano Bueso entregó ayer por la mañana al presidente de la Junta, Manuel Chaves, el dictamen, que por la tarde fue remitido a los grupos parlamentarios. El informe, que consta de 190 páginas, hace un exhaustivo análisis del proyecto de reforma, que incluye 100 observaciones y 13 reflexiones de carácter general. El presidente del Consejo Consultivo recalcó que se trata del informe más importante realizado por este órgano y subrayó que la propuesta de reforma se ajusta en términos generales a la Constitución. Entre otras cuestiones, el informe avala de forma clara el uso del artículo 150.2 para asumir competencias estatales o la asunción de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir (ver EL PAÍS del 11 y 12 de marzo).

En los casos de posible colisión o duda, el órgano consultivo plantea redacciones alternativas o la supresión de los aspectos que pueden ser discutibles. No obstante, la mayoría de las recomendaciones que formula el Consejo Consultivo se refieren a técnica legislativa.

Un título en el que el Consejo Consultivo se explaya es el referido a la organización territorial de la comunidad autónoma. "Nuestro modelo de organización administrativa se ha ido deslizando hacia un sistema de reparto de responsabilidades territorialmente mal distribuidas, a través de una red de administraciones mal distribuidas", afirma el dictamen, que, a continuación, cita esta red: Administración central del Estado, de la Junta, diputaciones, ayuntamientos y otros órganos administrativos de carácter territorial. "Esta situación de abigarramiento institucional provoca una serie de perturbaciones y disfuncionalidades", dice el Consejo Consultivo, que señala que como consecuencia se producen conflictos de competencias, aumento del gasto público, confusión en el ciudadano y el que se diluyan las responsabilidades que tiene cada administración.

"Centralista, timorata"

Cano Bueso afirmó que sería positivo que los estatutos de autonomía tuviesen más decisión en el papel de los ayuntamientos en detrimento de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985, una norma que considera "centralista, timorata y recelosa de las comunidades autónomas". En su opinión, y así queda reflejado en el dictamen, el Estatuto puede ser un instrumento idóneo para "poner al día el régimen local". Una idea que resumió con la siguiente frase: "Más Estatuto, menos ley estatal".

El presidente del Consejo Consultivo fue más allá y aseguró que las comunidades deben tener margen para hacer su propia política en materia local, "salvando lo nuclear", que seguiría en manos del Estado. Esta propuesta requiere "un gran acuerdo político", según el dictamen, que añade que el objetivo prioritario sería definir de forma clara las competencias que tienen los ayuntamientos y la financiación con la que contarían.

Cano Bueso apuntó que de igual manera que el proyecto de Estatuto de Cataluña ha sustituido las diputaciones provinciales por las veguerías, en Andalucía se podrían estudiar fórmulas como las comarcas o las mancomunidades de municipios.

El Consejo Consultivo advierte colisiones con la Constitución en el proyecto de reforma en algún precepto. En concreto, cita un punto del artículo 45 que da competencia exclusiva a la comunidad en materia de legislación civil. También advierte problemas en el artículo 59.2, en el que se da a la comunidad la competencia exclusiva en materia de prevención de riesgos laborales. Asimismo, el Consejo Consultivo pide que se corrija el artículo 1.3 del proyecto, que dice así: "Los poderes de la Comunidad Autónoma emanan del pueblo andaluz y de la Constitución". El órgano asesor sugiere que primero aparezca Constitución y luego pueblo andaluz, tal y cómo está redactado el actual Estatuto. Esta cuestión se alteró a petición de IU en la ponencia que estudió la reforma.

El dictamen también echa en falta que no se haya redactado un preámbulo, que contiene la filosofía de lo que será el futuro Estatuto. Asimismo, en el capítulo de Justicia, cuestiona que se incluya que para la designación del presidente y el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tenga que ser oído el Parlamento autonómico.