La deseada baza política

Arcelor y Mittal son empresas privadas, salvo por la participación del Estado de Luxemburgo, con un 5,6%, y de la región valona belga, con un 2,3% en el capital de la primera. En pura teoría, las dos se apoyan en el mercado para impulsar o para frenar la OPA (oferta pública de adquisición de acciones). Sin embargo, la realidad ha sido otra cosa. Arcelor ha querido distanciarse de las primeras llamadas que hizo a los gobiernos, especialmente a los de Luxemburgo, España y Francia. Mittal, la pasada semana y la próxima, cierra una nueva gira con los ejecutivos europeos para explicarles su plan industrial. El 16 de marzo se entrevistará con el Gobierno español, que no conoce aún muchos detalles del plan industrial, salvo la intención de especializar las plantas por productos.

Arcelor ha logrado los apoyos de los gobiernos español, francés y luxemburgués y ahora prefiera guardar las distancias y evitar el ruido

El Gobierno de Luxemburgo acelera la trasposición de la directiva europea de OPA por la oferta de Mittal sobre Arcelor

Arcelor, que es la que cuenta con el favor gubernamental por el momento, rechaza el ruido que acompaña a otras OPA, como la de la alemana Eon sobre Endesa, pero lo mantiene como un activo. Lo agitó los primeros días y lo mantiene latente. La comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, ha advertido ya de que la absorción de Arcelor por Mittal no tendría mayores problemas. La Unión Europea se mantiene neutra y pide a los gobiernos que hagan lo mismo, puesto que se trata además de empresas europeas, una con sede en Rotterdam (Mittal) y otra en Luxemburgo (Arcelor).

La misma posición abierta la mantiene el comisario de Comercio, Peter Mandelson: "No hay que dejarse desbordar por las emociones del nacionalismo económico o de defensa de los intereses particulares".

Cualquier portavoz autorizado de Arcelor repite una y otra vez que los gobiernos deben estar informados, pero que no son los que deciden, que la palabra final corresponde a los accionistas. Pese a todo, ha habido movimientos que en cierta forma no son malos para Arcelor. La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), equivalente luxemburgués a la Comisión Nacional del Mercado de Valores español, va a ser la que va a dirimir la OPA. El mercado de valores de París, donde se intermedian títulos de Arcelor, ya ha delegado en el gran ducado, donde se encuentra la sede social. Hace apenas 20 días, la CSSF ya advirtió a los accionistas de que tuvieran "prudencia" porque la información en su poder era aún escasa.

Esta advertencia llega también con el anuncio del Gobierno de Luxemburgo el pasado 7 de febrero de que ha presentado un proyecto de ley, que estará aprobado en mayo, en el que se traspondrá la Directiva Europea de 2004/25 sobre ofertas de adquisición de acciones. Aunque el ministro del Tesoro y de Justicia de Luxemburgo, Luc Frieden, afirmó que la ley no es "ni anti-Mittal ni pro-Arcelor", la realidad es que llega en el momento oportuno y como reconoció Frieden la OPA de Mittal "aceleró sus trabajos". El Gobierno de Luxemburgo, como todo el consejo de administración de Arcelor, se ha opuesto a la operación.

El proyecto de ley ahora en curso, en su artículo 20, establece: "La presente ley se aplica a todas las ofertas cuyo documento de oferta haya sido presentado antes de la entrada en vigor de esta ley sin que las etapas que se hayan ya cumplido tengan que repetirse. En particular, el documento de oferta ya publicado no debe volver a hacerse siempre y cuando respete las prescripciones mínimas que establece la ley". En definitiva, deja claro que la oferta de Mittal deberá atenerse a la norma de principio a fin.

Además, si como previsiblemente va a pasar la norma entra en vigor también establece el plazo máximo de duración de la OPA, que lo fija en su artículo 3, que recoge los principios generales: "Seis meses desde el anuncio del ofertante de su intención de hacer una oferta". En el caso de Mittal, el plazo límite para cerrar la operación sería con la norma en vigor el 27 de julio.

El artículo de principios generales que garantiza la igualdad de los accionistas, la necesidad de facilitar la información con tiempo o la actuación en defensa de los accionistas del consejo de la empresa opada es también en su amplitud un arma para que la CSSF pueda suspender la oferta, según establece el artículo 13. También se suspende si no se cumple alguna de las condiciones de la propia oferta.

El proyecto permitiría a los responsables de Arcelor adoptar medidas defensivas frente a la OPA, como decisiones para dificultar o encarecer una compra hostil sin la necesidad de pedir permiso a la junta general de accionistas.

La pelea política se mantiene en la sombra y ambas empresas saben que es difícil realizar una OPA en contra del Gobierno. Pese a todo, Mittal insiste y trata de convencer. Está persuadido de que la consolidación del sector es imparable y que dentro de cinco años las cinco o siete mayores compañías siderúrgicas controlarán entre el 30% y el 40% de la producción mundial. Hoy si la fusión fueran un éxito sólo controlaría el 10% de la producción de acero.