La Cámara obliga al Gobierno a evaluar en dos meses los daños de la sequía

El Gobierno sufrió ayer una nueva derrota parlamentaria que le obligará a entregar a la Cámara en un plazo de dos meses un análisis sobre las pérdidas sufridas por agricultores, ganaderos y ayuntamientos a causa de la sequía de 2005 y las inundaciones del año anterior. El PP, autor de la iniciativa, la transaccionó con los socialistas y ambas fuerzas la sacaron adelante por 33 votos frente a los 30 que sumó el tripartito. EHAK y Aralar no votaron.

El Ejecutivo tendrá que realizar ese estudio sobre las pérdidas de agricultores y ganaderos en colaboración con las tres diputaciones y entregarlo en el Parlamento en dos meses, además de acogerse a todas las ayudas nacionales o internacionales.

La moción fue defendida por la popular María Carmen López de Ocariz, tras haber encontrado insuficiente una respuesta del consejero de Agricultura, Gonzalo Sáenz de Samaniego, a una interpelación a mediados de febrero. López de Ocariz sostuvo que los agricultores soportaron el año pasado pérdidas superiores al 30% como consecuencia de la sequía y recordó que ése es el límite para acceder a ayudas europeas, que el Gobierno, acusó, no ha solicitado.

El consejero fue duramente criticado también por el portavoz socialista José Luis Anda, quien le acusó de "renunciar de forma sistemática a todo tipo de ayudas" y le pidió que "de una vez se ponga a trabajar". "No puede ser que el Parlamento esté instando continuamente al consejero a que haga los regadíos pendientes o solicite las ayudas para los ganaderos", recalcó.

La peneuvista Estefanía López de Heredia culpó a los dos partidos de la oposición de hacer "demagogia barata". "Si las circunstancias de pérdidas y necesidad se hubieran dado, habría habido ayudas", afirmó. A su juicio, lo que el PP y el PSE persiguen es someter la autonomía vasca a Madrid: "Quieren que el Ministerio [de Agricultura] meta la mano en las arcas de Euskadi", apuntó. La iniciativa aprobada insta también al Gobierno a poner en marcha la Mesa de la Sequía, que López de Heredia sostuvo que ya está en funcionamiento y a la que atribuyó el acuerdo de no pedir las ayudas.