Desigualdades legales y judiciales

En ocasiones me pregunto cómo es posible que se demore tanto la eficacia en leyes tan importantes como las de siniestralidad laboral y de violencia de género. Son leyes que han surgido desde la exigencia de la sociedad. El Estado y las Comunidades Autónomas, desde sus parlamentos, se han puesto a su servicio y están haciendo real el profundo cambio normativo que reclaman los ciudadanos. Sin embargo, los avances en materia de siniestralidad y contra la violencia de género no van en consonancia con el esfuerzo legal, judicial, político, sindical, empresarial, policial y mediático que se está empleando. Esta pregunta la respondo desde una doble perspectiva. De un lado: porque durante muchos años el rol del trabajador y de la mujer en la sociedad derivaban de su colocación en el Fuero del Trabajo y en el Ave María. De otro: por cuanto sé que una vez se toma conciencia del problema es posible su solución.

Son preguntas y reflexiones que a su vez me llevan a otras, en las que la justicia es protagonista. Hay leyes y hay interpretaciones judiciales que no acompañan esta sociedad de cambio. Existen algunos ejemplos en Andalucía. Uno, en Huelva. El ingreso en prisión de dos personas, para el cumplimiento de una pena de seis años por un delito de robo (un jamón, un radiocasete y un televisor). Un delito que se cometió hace 21 años. Otro, en Cádiz. Una persona ha sido condenada a nueve años de cárcel por un delito contra la salud pública por la Audiencia de Cádiz. Tan desproporcionada se ha considerado la pena impuesta por 6 gramos de cocaína y dos de hachís, que la propia Audiencia ha solicitado el indulto parcial. Con estos casos judiciales conviven otros igualmente llamativos. Un notario, en Sevilla, ha sido condenado por defraudar al Estado y puede eludir la prisión con el pago de una multa. En Málaga, un juez ha sido acusado por una serie de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Las penas que solicita el Ministerio Público no alcanzan, ni desde lejos, a las impuestas por robar un jamón. Son, como decía un amigo en una conversación reciente, anécdotas judiciales que ponen de relieve que la Justicia en toda su extensión no se ha trasformado, ni ha ido evolucionando con el sistema democrático. Estas respuestas judiciales, por muy amparadas que estén legalmente, no las quiere la sociedad. Se dice, en ocasiones, que estas respuestas son episódicas y que no enseñan el estado real de la justicia. Además, ahí están los indultos para corregir excesos.

Sin embargo, entiendo que no es así. Un enfrentamiento entre estos casos lo que enseñan a las claras es cuál es la situación. Que hay estamentos más protegidos. Que la dilación en la resolución de asuntos perjudica gravemente la rehabilitación de quiénes han cometido delitos y se han reintegrado en la sociedad. Es el caso de Huelva. Son casos que dan la impresión de que estamos más cerca de un Derecho y una Justicia más propios de la monarquía absoluta que de una monarquía constitucional y democrática. Es una inercia que tiene que cambiar.

La sociedad, al igual que en los casos de violencia de género, es cada vez más sensible y quiere soluciones. Unas tienen que llegar desde la legalidad. Otras en su aplicación. La Justicia debe ser ciega y no mirar de reojo a notarios, jueces y a tantos otros. Y algunas más, procurando que funcione la máquina de la Justicia.

En un tiempo en el que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se puede convertir -a salvo de los recursos de casación para unificación de la doctrina del Estado- en la última instancia judicial. Y en un tiempo en el que el Parlamento de Andalucía, haciendo algo verdad que la Justicia emana del pueblo, puede llegar a ser escuchado en los nombramientos de su presidente y fiscal jefe, es más que necesario. Sería una lástima que tanto el Estado de Derecho como los Estatutos autonómicos de máximos a los que se está llegando, sirvieran de coartada a los de siempre para poner entredicho la próxima y nueva realidad judicial autonómica. Un mayor control de la eficacia judicial y el rechazo del recurso de acudir a la falta de medios -jamás la justicia ha contado con tantos- para justificar retrasos, ayudarían en esta línea.