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Bono debe decidir si asciende a general a propuesta del Ejército a un firmante del progolpista 'manifiesto de los 100'

Miguel González

El titular de Defensa, José Bono, debe decidir en breve si propone al Consejo de Ministros el ascenso al generalato del coronel Tomás Rivera, uno de los firmantes del llamado manifiesto de los 100, un panfleto en contra de la prensa y a favor de los golpistas difundido en 1981. La promoción del coronel, que cumple los requisitos para ascender a general de brigada, ha sido propuesta por el Ejército de Tierra.

Rivera, que pertenece al arma de Artillería, no sería el primero de los firmantes de dicho manifiesto que llega al generalato. En abril de 1999, el Gobierno del PP, a propuesta del ministro Eduardo Serra, ascendió a general a Juan Cañadas Lorenzo; y, en enero de 2004, a propuesta del ministro Federico Trillo-Figueroa, elevó al generalato al coronel Blas Piñar. Se da la circunstancia de que tanto Cañadas como Piñar fueron promotores del manifiesto de los cien y no meros firmantes como Rivera.

Este panfleto, suscrito por un centenar de oficiales y suboficiales del Ejército nueve meses después del 23-F y en vísperas del Consejo de Guerra contra los golpistas, tenía un objetivo desestabilizador. El escrito criticaba a los medios de comunicación, a los que advertía de que "los insultos y ataques a nuestros compañeros [los militares implicados en el 23-F] los consideramos dirigidos a la colectividad [militar] con las consecuencias [a] que ello dé lugar [...]" Igualmente, colocaba al Ejército al margen de las instituciones democráticas, al afirmar que "el poder político debe respetar la necesaria autonomía de los ejércitos, en cuanto a organización y funcionamiento interno, para garantizar la inexistencia de intereses partidistas en sus organismos y unidades".

Dado el tiempo transcurrido, la trayectoria posterior de Rivera y los antecedentes ya citados, su ascenso no debería resultar problemático. Sin embargo, tras el arresto y destitución del teniente general José Mena, debido a sus alusiones al Estatuto catalán en el discurso de la Pascua Militar, el PP pidió "responsabilidades políticas" a Bono por haberle encomendado el mando de la Fuerza Terrestre. Es la primera vez en democracia que se piden responsabilidades políticas por el nombramiento de un alto militar. Se da la circunstancia de que, una vez ascendido a general -lo que hizo el PP con Mena-, el Gobierno no puede dejarlo sin destino.

Por otra parte, Bono ha renunciado a abrir expediente disciplinario por falta grave al capitán Roberto González Calderón, autor de una carta pública en la que amagaba con acudir a Madrid al frente de su compañía para entregar un escrito de protesta al ministro. El capitán, destinado en Melilla, fue sancionado con 14 días de arresto domiciliario por el coronel jefe del Tercio como autor de una falta disciplinaria leve y ha sido apartado del mando de la compañía. A pesar de ello, podría perder su destino, pues en Melilla la mayoría de los puestos son discrecionales.

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Sobre la firma

Miguel González
Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.

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