El Poder Judicial pacta cinco de las siete plazas vacantes en el Supremo

Los vocales de las dos sensibilidades representadas en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pactaron ayer los nombramientos de cinco magistrados del Tribunal Supremo que se formalizarán previsiblemente en el pleno de la próxima semana. Cuatro de las vacantes, algunas de las cuales llevan más de un año sin cubrirse, corresponden a la Sala de lo Social y la quinta a la de lo Contencioso-Administrativo. El acuerdo no abarca otros dos puestos que quedan vacíos en el alto tribunal. Los consejeros acordaron pactar en las próximas semanas una plaza más de lo Social y otra de lo Militar.

Mayoría conservadora y minoría progresista se repartieron la facultad de proponer a los magistrados. A los consejeros propuestos por el PP correspondieron tres: dos de lo Social y el de lo Contencioso. Para las dos primeras plazas eligieron a Jesús Souto Prieto, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y a Luis Fernando de Castro Fernández, magistrado de la Sala de lo Social de ese mismo tribunal. En la de lo Contencioso consiguieron vencer las reticencias de los progresistas imponiendo a Manuel Martín Timón, jefe de los abogados del Estado del Tribunal Supremo. El sector progresista, que quería en ese puesto al catedrático de Derecho Constitucional y también abogado del Estado Luis María Díez-Picazo, cedió para desbloquear el nombramiento.

A estos últimos vocales (propuestos por el PSOE e IU) correspondió la elección de los otros dos magistrados de la Sala de lo Social. A una de esas plazas irá Jordi Agustí Julià, actualmente magistrado de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El otro puesto corresponderá a José Luis Gilolmo López, también magistrado de lo Social, pero del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La decisión definitiva se tomará en el próximo pleno del Consejo, que se celebrará el martes de la próxima semana. Para la elección de los magistrados del Tribunal Supremo se necesitan los votos de tres quintos de los 20 vocales (13 sufragios) tras la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El grado de consenso necesario obliga a conservadores y progresistas a negociar antes de votar para garantizar los nombramientos.