Simancas pide que Empleo se persone como acusación en siniestros laborales

La muerte de tres obreros el martes pasado en dos accidentes laborales en los municipios de Getafe y Soto del Real provocó ayer nuevas reacciones entre los políticos y los sindicatos. El portavoz socialista en la Asamblea, Rafael Simancas, denunció que en la Comunidad de Madrid "cada 48 horas muere un trabajador". Además, exigió que el Gobierno regional se persone como acusación en aquellos siniestros laborales en los que se ha incumplido la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

"Si vemos que en un accidente laboral hay indicios de delito, remitimos los datos a la Fiscalía de Madrid. Este órgano es el garante de que se investigue judicialmente el caso", contestaron fuentes de la Consejería de Empleo y Mujer.

Simancas criticó también "la precariedad laboral que supone el exceso de contratas, el descontrol que hay en las condiciones en las obras y el incumplimiento sistemático de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales".

Desde principios de año, 21 personas han muerto en el tajo en la región. El portavoz socialista arremetió también contra el hecho de que haya "un número insuficiente de inspectores y el consiguiente bajo número de sanciones, así como la precaria formación laboral de los trabajadores".

Actas que no se tramitan

Los inspectores de Trabajo, que dependen del ministerio, son los encargados de abrir expedientes; y éstos son remitidos al Gobierno regional para que sean impuestas las correspondientes sanciones. "Pero una de cada cuatro actas de inspección de obras no se tramitan", criticó Simancas. "Así que exigimos al Gobierno regional que haga cumplir la normativa".

Fuentes de la Consejería de Empleo replicaron que los expedientes que finalmente no son tramitados es porque tienen "algún defecto de forma; han caducado o las empresas han presentado algún tipo de alegación al mismo".

Desde los sindicatos, continuaron las críticas. Marisa Rufino, portavoz de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT-Madrid, denunció ayer "la falta de más inspectores y la habilitación de más técnicos en prevención de riesgos laborales". "La ley obliga, además, a la publicación de una lista con las empresas con más faltas graves. Y eso no se está haciendo", agregó.

Rufino denunció, además, que en la Comunidad de Madrid "ningún empresario se ha sentado en el banquillo por un accidente laboral". "Los procesos judiciales en los siniestros laborales se demoran incluso durante ocho años", concluyó la sindicalista.

Julio Jiménez Rodríguez, de 36 años, y Juan Carlos Gutiérrez Cabezas, de 42, -los dos obreros muertos al caer de un andamio en Getafe -serán enterrados hoy (Jiménez en Ávila y Gutiérrez en el Cementerio Sur de Madrid).