Hacia un mercado único de servicios

El Parlamento Europeo debatirá esta semana en Estrasburgo, la Directiva de Servicios que ha generado uno de los debates más intensos, especialmente en Francia y Alemania, sobre el modelo social europeo. La polémica directiva, promovida en enero de 2004 por el comisario holandés Frits Bolkestein, tiene como objetivo facilitar la apertura del mercado de servicios en Europa, de la misma forma que se desarrolló el de mercancías a principios de la década de los noventa.

Los servicios representan el 70% del PIB europeo y según la Comisión si se eliminan las trabas y restricciones actuales establecidas por Estados se podrían crear 600.000 nuevos empleos. El libre movimiento de mercancías, trabajadores, servicios y capitales, configuran las cuatro libertades establecidas en el Tratado de Roma, aunque existen barreras para su ejercicio efectivo en las tres últimas.

Durante las últimas semanas, la directiva Bolkestein ha sido sustancialmente modificada y rebajado su ámbito de aplicación de forma consensuada entre representantes del Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo.

El cambio más relevante ha sido la eliminación de la polémica expresión "principio del país origen", aunque su contenido fuertemente restringido permanece, que había provocado una fuerte contestación por parte de los sindicatos y de la izquierda. Según este principio, las empresas pueden prestar servicios en todos los Estados miembros pero según la legislación de su país de origen.

Los sindicatos temieron que la aplicación genérica del "principio del país de origen" permitiera la contratación de trabajadores con salarios más bajos a los vigentes donde se realizaban los servicios y que se produjera una rebaja de la protección social.

La eliminación de la expresión, aunque no del concepto, del "principio del país de origen", ha sido saludada por la diputada socialdemócrata alemana, Evelyne Gebhardt, ponente de la directiva, porque en su opinión "conducía a la baja los derechos sociales, lo que era absolutamente inaceptable".

La directiva Bolkestein, también apodada Frankestein, había sido rechazada por amplios sectores sociales que la identificaban como un instrumento que legalizaba el "dumping social y medioambiental". En su larga lista de críticos figuraban destacados líderes como el propio presidente francés, Jaques Chirac. A pesar de la postura presidencial, la directiva había desatado tal rechazo social en Francia que se la identificó como una de las culpables del no del referéndum a la Constitución Europea.

Si prospera el acuerdo, la directiva no se aplicará tampoco a la legislación laboral, a las normas de bienestar social, vivienda social, empresas de trabajo temporal, servicios de salud, tanto públicos como privados, y a los servicios de interés económico general.

La extensión y profundización de estas rebajas, sin embargo, ha sido considerada excesiva por un importante número de diputados del PPE y en general por los europarlamentarios de los países del Este que estiman que se ha descafeinado y vaciado de contenido la directiva, lo que supone el mantenimiento de las barreras proteccionistas de los Estados. Para ciertos sectores del PPE, es excesivo que los Estados miembros puedan establecer requisitos para la prestación de servicios por razones de "política social o protección de los consumidores" entre otras, porque las consideran causas tan ambiguas que en la práctica pueden utilizarse para cualquier supuesto.

El Comisario de Comercio, Peter Mandelson, ha expresado su preocupación por las concesiones realizadas. En su opinión "es poco lógico excluir completamente los servicios públicos de esta directiva". "En el mundo real", añade, "las fronteras entre lo público y lo privado son elásticas y esta tendencia va en la buena dirección".

En el frente sindical, no obstante, el cambio de orientación ha sido considerado "un avance". El dirigente sindical alemán, Michael Sommer, ha calificado de "éxito" el acuerdo de principio. Para John Monks, secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), el acuerdo es "un progreso", pero estima que "es pronto para emitir un juicio", por lo que mantienen la manifestación de hoy.

Más competencia

Pero la cuestión no está cerrada. El debate en el Parlamento no es sólo entre derecha e izquierda sino también entre la Vieja y la Nueva Europa, cuyos países temen que las últimas enmiendas supongan un freno a la posibilidad de que sus empresas puedan ofrecer servicios en los países fundadores. Sin embargo, no todo es tan lineal.

En este sentido, es significativa la carta dirigida al comisario de Mercado Interior y Servicios, Charlie McCreevy, firmada por seis países, tres antiguos socios, (Reino Unido, Holanda y España) y tres pertenecientes a la última ampliación (Polonia, Hungría y República Checa) en las que coinciden en pedir a la Comisión que envíe una señal clara de que "un completo funcionamiento del mercado interior es vital para mejorar la competitividad de la UE". Si la directiva es aprobada por el Parlamento esta semana, podría ser discutida en la Cumbre de finales de marzo. Tras su aprobación por el Consejo, debe volver al Parlamento para su ratificación definitiva.