Territorio comanche levantino

La ciudadana alemana Eva Gunther sostiene con rotundidad que los ladrones también se van de vacaciones por Navidad. Eva es fisioterapeuta y reside en España desde hace 18 años, en la localidad alicantina de Alfaz del Pi. Por su consultorio han pasado muchos clientes que han sufrido robos en su domicilio y ha escuchado sus relatos. Ella misma ha sido víctima también de la plaga de asaltos a domicilios que sufren desde hace años numerosas localidades del Levante español. Y sabe por experiencia que en las Navidades hay una tregua y que, a mediados de enero, los asaltos regresan. "Ahora han empezado otra vez", asegura. Un oficial de la Guardia Civil confirma esta teoría: "Es cierto. Antes de las Navidades, los atracos son más virulentos. Con las fiestas decrecen y luego vuelven a subir. Sabemos que los atracadores quieren llegar a las navidades con los bolsillos llenos".

El alcalde de Canals ha puesto rejas en su domicilio porque le han robado ya tres veces

En una urbanización de Altea los vecinos patrullaron durante ocho meses las calles

Numerosos ediles reconocen tener que ampliar la plantilla de la Policía Local

Eva no tiene ninguna confianza en las estadísticas oficiales que divulga el Gobierno. Tampoco la tiene Carlos Verdú, abogado y presidente de la Asociación Valenciana de Urbanizaciones (Avalur), donde están afiliadas cerca de 50 urbanizaciones, la mitad según sus datos de las existentes en Valencia. "Llevamos tiempo reclamando datos reales sobre los atracos en chalés", dice, "y se nos contesta por parte de las autoridades que sufrimos un problema de pánico social subjetivo porque los índices de criminalidad han bajado. Nosotros llevamos nuestros propios datos y le puedo decir que en el mes de enero de 2005 hubo el doble de atracos que en 2004 y que, en lo que llevamos de enero de 2006, hemos sufrido el triple que el año pasado. Hay zonas de la Comunidad Valenciana donde se ha producido una deserción del Estado respeto de su primera obligación, que es garantizar la seguridad de los ciudadanos".

Desde hace años, miles de ciudadanos, españoles y extranjeros, residentes en urbanizaciones de Valencia y Alicante, se quejan de que el Estado es incapaz en aquellos territorios de asegurar el imperio de la ley. Llámese psicosis o pánico subjetivo, el ambiente está muy caldeado y se manifiesta en multitud de detalles. Los periódicos locales divulgan con relativa frecuencia cómo la venta de armas de fogueo se ha disparado en dichas localidades. No hay datos oficiales pero sí una retahíla de comercios del ramo que confiesan el buen momento de sus ventas. Lo mismo sucede con algunas novedades en materia de seguridad, caso del blindaje del dormitorio: una empresa garantiza que, ante la sospecha de que alguien haya entrado en un domicilio, la familia pueda aislarse en una habitación y comunicarse desde allí con el exterior. Las asociaciones de empresarios confirman que algunos de sus asociados han decidido contratar escolta. "El 70% de nuestras urbanizaciones tienen contratada seguridad privada", dice Carlos Verdú, "y en eso se gasta ya el 50% del presupuesto de una comunidad". El miedo es libre y se aprecia en pequeños detalles: "Desde hace algún tiempo", sostiene un guardia civil, "llegada la noche, la gente no apaga las luces de sus casas pensando que así alejará a los ladrones". Y luego está el asunto de las patrullas ciudadanas.

Es de dominio público que en la urbanización Bello Horizonte de Altea (Alicante) varios vecinos, al mando de un ciudadano holandés, patrullaron durante casi ocho meses las calles con un monovolumen que circulaba con los intermitentes encendidos. No iban armados, salvo de algún objeto contundente, y limitaron su trabajo a tomar nota de matrículas de coches y a informar al puesto de la Guardia Civil de cualquier movimiento extraño. "Este invierno estábamos temblando porque volvieran", confiesa un guardia civil del cuartel de Altea. "Te llamaban por todo. Fue para vivirlo". No fue aquél un caso aislado a pesar de la advertencia de las autoridades sobre la formación de patrullas vecinales.

La protesta ciudadana se ha manifestado también en la fundación de plataformas cívicas, la más importante de las cuales es el colectivo Ya Está Bien de Alicante, que convocó una sonada manifestación en febrero del año pasado con asistencia de casi 10.000 personas. "Nosotros no nos dedicamos a esto, pero tuvimos que organizarnos para llamar la atención del Gobierno. Nos reunimos con las autoridades y decididos dar un plazo de diez meses", cuenta Antonio Alcaraz, uno de sus representantes. "Ahora lo que sabemos es que la situación ha mejorado en algunas zonas, pero la delincuencia se ha trasladado a otras".

Y las autoridades no ocultan la incomodidad que les produce este fenómeno y las dificultades que tienen para hacer creer a estos colectivos que los índices estadísticos reflejan una bajada de la criminalidad. Así lo expone Luis Felipe Martínez, subdelegado del Gobierno en Valencia, que señala que los índices (infracciones penales por mil habitantes) han bajado del 69,3 al 66,6 en el último año, "cuando en 2002 estaban en el 77" y que la delincuencia ha bajado en 2005 hasta un 20% en la demarcación del Cuerpo Nacional de Policía en Valencia. El subdelegado señala que el Gobierno ha aumentado en 900 efectivos la dotación de las fuerzas de seguridad durante el año pasado.

Sin embargo, la versión de los mandos policiales dista de la tesis oficial. Un alto cargo policial define así la situación: "En el Levante español tenemos un auténtico agujero negro, propiciado por un despliegue inadecuado de la Guardia Civil porque estos problemas se suscitan en su demarcación". "La cuestión es", agrega, "que la Guardia Civil debería reconsiderar su despliegue de efectivos y adaptarlo al nuevo siglo. ¿Qué hace la Guardia Civil en las grandes ciudades? ¿es sostenible que un cuartel con una docena de efectivos atienda a miles de ciudadanos en una vasta extensión de territorio?". Otro comisario es más rotundo si cabe: "Estamos hartos de maquillarles las estadísticas a la Guardia Civil".

La realidad de las cifras es evidente: en términos absolutos, la delincuencia ha disminuido en la Comunidad Valenciana, pero en términos relativos ofrece otra lectura. La policía mejora sus índices en las ciudades, pero los datos internos de la Guardia Civil demuestran que, en muchas localidades, precisamente las que se asientan sobre poblaciones repletas de urbanizaciones, no sólo ha aumentado el número de asaltos a domicilios, ocultos bajo la denominación resto robos/violencia, sino que ha bajado el esclarecimiento de esos delitos y el número de detenciones. Así sucede en la compañía de Torrevieja, en el puesto de Almoradí, en la compañía de San Vicente de Raspeig, en el puesto de Santa Pola, en el de San Juan, en la compañía de Calpe y en los puestos de Altea y de Jávea, entre otros.

La Guardia Civil reconoce el problema, pero no ofrece datos oficiales ni permite entrevistas con los mandos destinados en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) es rotunda al reconocer que en la Comunidad Valenciana "operan unos 300 grupos, muchos de ellos especializados en asaltos a fábricas y domicilios". Dicho sindicato critica la escasez de las plantillas y la ineficacia de un despliegue que "no ha sabido adaptarse a la realidad social y delicuencial del país". El relato de la escasez de medios es inacabable. "En Almenara hay cinco guardias para 30.000 habitantes, en Carnet hay 12 para 35.000, en las zonas de Catarroja, Picassent y otras, son unos 70 guardias para una población total que supera los 100.000 habitantes", dice un portavoz de la asociación. La situación es parecida en Alicante.

Numerosos alcaldes reconocen que se ven obligados a ampliar la plantilla de la Policía Local. Así lo asegura María Ángeles López, alcaldesa de Catarroja: "Hemos ampliado en siete efectivos porque hay alarma social". También el alcalde de Canals, Pascual Duré, cuya Policía Local suma ya 21 efectivos para una población de 14.800 habitantes. Duré ha puesto rejas en su propio domicilio porque le han robado ya tres veces y reconoce la falta de medios policiales. La propia asociación de guardias civiles difundió una nota en la que explica que el puesto de Canals tiene una plantilla de 10 efectivos que se encargan de 11 pueblos con una población que supera los 35.000 habitantes. Canals vivió hace un mes un suceso muy sonado: un empresario mató a dos de los atracadores que habían entrado a su casa, le habían golpeado y tenían retenida a su mujer. Los dos atracadores fallecidos eran colombianos y residían en Madrid. Según fuentes policiales, se trataba de dos delincuentes profesionales que se dirigieron ex profeso a ese domicilio.