ICV llevará a la fiscalía los sondeos ocultados por CiU por presunta malversación de fondos públicos

El hallazgo de 32 encuestas y sondeos con finalidades partidistas, encargados y mantenidos en secreto por los últimos gobiernos de Jordi Pujol fue calificado ayer como un "escándalo" por portavoces de todos los grupos parlamentarios, excepto el de CiU, que era la coalición beneficiaria.Todos exigieron explicaciones a los responsables del correspondiente departamento gubernamental en el periodo 1999 - 2003, Xavier Trias y Artur Mas, y el entonces secretario de Comunicación David Madí. Iniciativa Verds (ICV) anunció que llevará el asunto a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por si constituye un delito de malversación de fondos públicos.

El descubrimiento en las dependencias del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de estos 32 estudios y sondeos, cuya existencia se sospechaba pero en su momento había sido negada por los gobiernos de Jordi Pujol, ha confirmado las acusaciones de partidismo y patrimonialización de la Generalitat formuladas durante años por la izquierda y el PP contra CiU.

Entre los 32 estudios hallados figuran encuestas electorales para CiU, sondeos sobre la evaluación de los pactos con el PP y acerca del resultado de los debates parlamentarios mantenidos por Pujol con el entonces líder de la oposición socialista, Pasqual Maragall.

Destaca entre todos ellos un estudio de 1999 titulado La imagen de Cataluña en la prensa, en el que se analizaba cómo los medios de comunicación trataban al presidente Jordi Pujol, su entorno familiar y la coalición CiU. Este estudio contenía un anexo con una lista de artículos de prensa, los nombres de sus autores y los medios en que se publicaban, y la calificación de "negativa, positiva o neutral" en cada caso.

El portavoz parlamentario de ICV, Joan Boada, calificó ayer esta práctica como un caso de "puro macartismo". El portavoz de ERC, Joan Ridao, anunció que pedirá la comparecencia en el Parlament de los responsables del Departamento de Presidencia en la época en que fueron realizados los estudios, Artur Mas, Xavier Trias y David Madí. "Ya que no se pueden pedir dimisiones, porque han pasado a la oposición", dijo, "por lo menos se verá si cabe depurar responsabilidades". Será entonces, con la información y las explicaciones pertinentes, cuando Esquerra analizará si se pueden derivar responsabilidades judiciales.

El portavoz de CiU, Felip Puig, defendió la gestión de los gobiernos de su partido. "Si los hubiéramos querido esconder no habrían aparecido en los cajones" de la Generalitat, aseguró.

El diputado socialista David Pérez exigió también explicaciones y recordó que esta "no es la única desaparición de documentos de los gobiernos de CiU", refiriéndose a los contratos con la empresa Europraxis, de la que era socio uno de los hijos de Pujol. "Felip Puig, Artur Mas y Xavier Trias han mentido descaradamente al Parlament y a la opinión pública", añadió Pérez.

Puig replicó a estas acusaciones afirmando que el objetivo perseguido por los socialistas al dar a conocer estos hechos es "agitar fantasmas del pasado para frenar la cotización al alza de Mas como aspirante a la presidencia de la Generalitat y de Trias como futuro alcalde de Barcelona". Trias, por su parte, responsabilizó al PSC de esta supuesta campaña de "desprestigio".

El portavoz del PP, Daniel Sirera, aprovechó para atacar también al actual Gobierno de la Generalitat y a los socialistas. "Este asunto me repugna de la misma manera que el informe Sellarès", dijo en relación con un documento anónimo con evaluaciones político-ideológicas descubierto a los pocos meses de constituido el actual Gobierno catalán.

Sirera emplazó a los socialistas a apoyar las solicitudes de comparecencia anunciadas, pero expresó su temor de que en este asunto CiU y PSC "acaben tapándose las vergüenzas" como en su opinión han hecho en anteriores ocasiones.