Peligrosos e irreverentes

Llevan más de media vida entre barrotes. Su vasto historial delictivo lo corona una de las más sonadas revueltas carcelarias en España. Son los protagonistas del cruento motín de la prisión de Fontcalent que, entre la mañana del 12 de noviembre de 1990 y la tarde del día siguiente, tuvieron en vilo al Ministerio del Interior. Se saldó con el asesinato de un interno argelino. Por estos hechos, la Audiencia de Alicante los juzga desde el pasado día 30 por segunda vez. La repetición del juicio (el Tribunal Supremo invalidó la vista de 2002 por considerar ilegal el sistema de videoconferencia), es también un calco de la primera entrega en cuanto al perfil vital de los 12 acusados: los incriminados conservan su rango de potencial peligrosidad y mantiene la misma exagerada desinhibición ante el proceso.

Ayer, la pertinaz irreverencia de dos de los acusados colmó la paciencia del presidente del tribunal, el magistrado José Daniel Mira Perceval, que acordó su expulsión.

El primer expulsado de la sala -el salón de actos de los Juzgados de Benalúa- fue Antonio Cortés Escobedo, principal acusado junto a Manuel Pinteño por la muerte con un pincho del interno argelino.

El incidente se produjo sobre las 12.00, cuando uno de los testigos -funcionario de la prisión- relataba al tribunal cómo se produjo la muerte del preso norteafricano durante el motín. El testigo -protegido de la vista de los acusados por una mampara- concluyó su exposición acusando a Cortés de rematar a la víctima: "Le dio la vuelta. Le desgarró la cazadora y le clavó cuatro veces un pincho en el pecho", dijo. El cabecilla de la revuelta glosó así la declaración del funcionario: "Que le hagan la prueba de alcoholemia. Está borracho".

La respuesta del presidente del tribunal, que ya había recriminado en anteriores ocasiones la conducta al procesado, fue contundente e inapelable: la expulsión del acusado de la sala de vistas.

Dos horas más tarde, el procesado Héctor Guillén, otro de los líderes de la rebelión, seguía los pasos de su colega de banquillo. En este caso, el magistrado Mira Perceval consideró "excesiva" la respuesta del acusado -una sonora carcajada- al argumento de otro testigo (también funcionario) para justificar el cambio de declaración respecto a la obrante en el juzgado instructor. "En aquellos momentos, estaba en estado de choque", aseveró el testigo.

Durante la invalidada vista oral de 2002, los acusados -entonces 19 internos- exhibieron el mismo talante ante el tribunal. En aquella ocasión no fue necesaria su expulsión física de la sala, ya que éstos declararon mediante el sistema de videoconferencia, desde la cárcel de Fontcalent. El Tribunal acordó aquella medida para preservar la seguridad del juicio debido a la peligrosidad de los imputados. Enrique Botella, letrado del primer acusado, consideró que el sistema vulneró los derechos fundamentales de los acusados y recurrió al Supremo. El alto tribunal le dio la razón y ordenó repetir el juicio.

El proceso se ha repetido a la vieja usanza, es decir, con todas las partes en el mismo escenario. Pero, dado que los acusados mantienen su carácter de muy peligrosos, es un juicio blindado: En la sala, con los imputados esposados y con una fila de policías a su espalda; y en el exterior, con medio centenar de policías desplegados para abortar cualquier sueño de fuga de los presos durante los traslados desde la cárcel hasta los juzgados.

Antonio Cortés Escobedo y Héctor Guillén sólo volverán a la sala para oír los informes finales de las partes, previstos para el próximo miércoles. Ellos y los otros 10 acusados se enfrentan a penas que oscilan entre los 36 y 179 años de cárcel, según la calificación inicial del fiscal.