Un año después del drama de Todolella

Javier, Alberto, José Manuel, Javier, Edgar, Luis, Laura, Esther, Cristina, Iván, Patricia, Adolfo, María Pilar, Juan José, Estela, José María, Cosme y Óscar. Todos murieron el mismo día y en la misma habitación. El 6 de febrero de 2005 se convirtió en fatídico para las comarcas de Els Ports y El Maestrat, cuando el pequeño municipio de Todolella se hizo famoso por vestir dieciocho lutos. Un año después, las familias de la mayoría de ellos siguen buscando un culpable. El hecho de que la causa fuera la conocida como "muerte dulce" (intoxicación por monóxido de carbono) no restó dolor. Y, un año después, no se han llenado más huecos que los de las dieciocho cajas que, en caravana fúnebre, los cobijaron hasta el Instituto de Medicina Legal, el lugar de trabajo de los forenses donde las familias hubieron de comprobar que todos y cada uno de ellos engrosaban la interminable lista.

Piden al Consell las ayudas prometidas para los sepelios y a la justicia, más agilidad

Mientras España celebraba el inminente triunfo como campeón del mundo de balonmano y el Papa Juan Pablo II bendecía a los fieles desde la ventana del hospital, el silencio en el albergue de San Cristóbal, ubicado en el término municipal castellonense de Todolella, comenzaba a emanar malos presagios.

La quietud del lugar contrastaba con el bullicio que, hasta horas antes, había inundando el entorno con la celebración de una gran fiesta de cumpleaños. Bartolo cumplía 50 y el idílico albergue fue escogido como el mejor lugar para la cita. Las heladas previas a la fecha habían hecho estallar muchas cañerías y la calefacción del establecimiento no funcionaba. Ellos lo sabían. Fueron advertidos. Y por eso llevaron hasta allí, al menos, una estufa muy potente, pero inadecuada.

Era una estufa industrial, propia de granjas, que precisaba, para la correcta combustión del butano, mucha ventilación. Ventilación que no tenía la habitación en la que todos ellos se acostaron de madrugada y que cerraron a cal y canto para evitar la entrada del frío mañanero de principios de febrero a más de 800 metros de altitud. Habitación que tenía instalado un gran radiador que no funcionaba. Y a la que tampoco trasladaron alguna de las "múltiples estufas móviles" que sí funcionaban y que, según se comprobó después, había en otras dependencias del albergue.

Se acostaron la mañana del día 6 y no amanecieron.

La tragedia más grave por inhalación de gas de los últimos 15 años en España tuvo dos supervivientes. Aunque él no lo hubiera querido así, el anfitrión, Bartolo, fue uno de ellos. Sus amigos insistieron en que no compartiera habitación sino que, junto a su compañera, durmiera en otro habitáculo. La invitación le salvó la vida pero le dejó un lastre que no ha soltado.

Sin reponerse de un dolor que aún permanece, las familias de muchos de los fallecidos comenzaron a lanzar preguntas sin obtener respuesta. Más allá del "¿por qué?", querían saber cómo se autorizó la apertura de un albergue, de titularidad pública municipal y gestión privada, cuando éste no cumplía la normativa. Mientras, los vecinos de la comarca, en general, silenciaban su tristeza.

La titular del juzgado número 3 de Vinaròs abrió, de oficio, un procedimiento penal para tratar de averiguar si las muertes son imputables a alguien. Además, hay abierto un procedimiento administrativo, en el que se reclama la responsabilidad patrimonial de la administración pública, tanto la autonómica como la local, por la posición de "garante" que ocupan.

Las familias de diez de los dieciocho fallecidos se han unido en la Asociación de Víctimas de Todolella y, como colectivo, forman parte tanto del procedimiento penal como del administrativo. Sus preguntas, un año después, siguen sin respuesta. Y sus quejas se dirigen tanto a los poderes políticos como a los judiciales. Al Consell reclaman las ayudas prometidas para costear el traslado de las víctimas y de los sepelios. A la justicia, que corra.

De momento, el procedimiento está en suspenso hasta la vista, el próximo 13 de marzo, de un recurso presentado por las propias familias para que se tome de nuevo declaración a los dos supervivientes, al alcalde de la población como máximo responsable del albergue y para que se realicen nuevos informes periciales, petición que rechazó la juez que instruye el caso.

La asociación, y sus letrados, acusan a la juez y al fiscal de una "nula colaboración", que interpretan con una sensación de "desentendimiento" sobre la "correcta instrucción del caso". Denuncian demoras, mientras la administración de Justicia alega que "lejos de mantener una actitud pasiva", está haciendo exactamente aquello que han pedido las familias: "Entrar a revisar la decisión del juzgado, lo que conlleva la suspensión de la investigación en curso, ya que no se envía al tribunal una copia del procedimiento, sino el procedimiento original completo". Sin embargo, los afectados interpelan que "la juez hubiese podido hacer copia de la causa y continuar con la instrucción".

Un año después, hay dieciocho víctimas, un cruce de reproches y un albergue precintado. Y hoy, una concentración de las familias que no han podido llenar 18 huecos.