Todos los agentes municipales de Palos de la Frontera se querellan contra el alcalde por supuesta "persecución"
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Moguer (Huelva) ha admitido a trámite la querella interpuesta por toda la plantilla de la Policía Local de Palos de la Frontera (14 agentes), contra el alcalde, el popular Carmelo Romero. En la querella le acusan de cuatro presuntos delitos: prevaricación, usurpación pública, conculcar el derecho de los trabajadores y desobediencia a la justicia, según recoge el auto con fecha de 30 de enero. Carmelo Romero ha sido citado a declarar por el juez el 20 de febrero.
El gobierno local declinó hacer ningún comentario sobre la denuncia y un portavoz dijo que no se iban a hacer declaraciones.
Los agentes denuncian que el alcalde ha emprendido una "persecución" contra ellos "obligándoles a realizar turnos de trabajo en lugares apartados y sin utilidad alguna, como un escombrero o la depuradora municipal de aguas, a hacer rondas a pie o dejados sin función, sin motivo alguno", según consta en la querella. Por el contrario, las labores de la Policía Local la desempeñan actualmente vigilantes que no cumplen los requisitos legales y sin titulación.
Julián Fernández, uno de los agentes querellados, afirmó ayer que la decisión de acometer esta actuación judicial viene motivada por el hecho de que la situación de los efectivos "se había hecho insostenible". Fernández señaló que las represalias adoptadas contra los agentes afectaban ya a su propia "integridad física y psíquica".
"Nos está haciendo la vida imposible y ha hecho que quedemos ante los ciudadanos como unos golfos y unos criminales, nada más lejos de la realidad", señaló este policía.
Los agentes argumentan que el origen de esa "persecución" tiene que ver con las reivindicaciones laborales que el colectivo llevó a cabo desde 1995, en las que trataba de negociar con el alcalde la revisión del convenio laboral de 1992. Las negociaciones se rompieron y en 2003, los agentes, constituidos en asamblea, se encerraron en el salón de plenos del Ayuntamiento de Palos.
Esa protesta acabó con el abandono voluntario por parte de los policías de la protesta, ante la orden de desalojo por parte de Carmelo Romero. Estos agentes consideran que a partir de ese encierro, el regidor comenzó "a tomar una serie de represalias contra todos los integrantes de la Policía Local que se suceden hasta la actualidad".
El abogado, José Faustino de la Banda, explicó que el trasfondo de la querella "reside en entrar en el fondo de la persecución y en la actitud adoptada por el alcalde contra la Policía Local por una protesta legítima". Y añadió: "Queremos que el juez aclare si los hechos que denunciamos son constitutivos de delito".
José Faustino de la Banda remarcó que "las represalias van a más y este hecho está generando un cúmulo de tensión entre el colectivo que afecta a sus familiares. Hay un trasfondo social bajo la querella", indicó el letrado.
El abogado destacó el reiterado incumplimiento del alcalde respecto a sentencias judiciales. De ahí que hayan incorporado en la querella el posible delito de desobediencia a la justicia.
En el escrito se hace referencia a las sentencias dictadas por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Huelva y por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que instaban al alcalde a reponer en sus funciones al jefe de la Policía Local que había sido depuesto mediante decreto municipal. Y añade: "A pesar de los fallos judiciales el querellado ha hecho caso omiso de las mismas".
