Las víctimas de La Todolella culpan al alcalde de la tragedia

Las responsabilidades por la tragedia que el 6 de febrero de 2005 costó la vida a 18 personas en un albergue de La Todolella están aún por depurar. La Asociación de Víctimas de La Todolella señala al alcalde la localidad, Alfredo Querol, porque pudo denegar el permiso para celebrar la fiesta que costó la vida a 18 invitados. Carmen Merchante y Javier Menero, portavoces de la asociación, en la que están representadas nueve familias, explicaron ayer que "el Ayuntamiento seguía explotando el albergue a través de un contrato de arrendamiento a pesar de que el establecimiento había sido dado de baja el año anterior a la tragedia". Carmen Merchante, madre de una de la única víctima de Valencia, Patricia Jiménez Merchante, que estudiaba Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valencia, agregó que "antes de que aquella noche se celebrara el cumpleaños de Bartolomé Meseguer, fiesta que reunió a más de 70 personas, se comunicó a los asistentes que iba a hacer mucho frío y que las tuberías habían reventado, pero no se les obligó a suspender el acto, que era lo que procedía".

Merchante aseguró también que "poco después del suceso, el Juzgado de Instrucción número 3 de Vinaròs abrió una investigación pero lo único que se practicó en ese momento fue recabar la documentación sobre la titularidad del albergue". A su juicio, añadió, "además de tomar declaración a los dos supervivientes, la juez encargada no ha movido el casa para nada".

Deliberación

La Audiencia Provincial de Castellón deliberará el próximo 13 de marzo el recurso presentado por los familiares de 10 de los 18 fallecidos en el albergue de Todolella, que ejercen la acusación particular, según indicaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Las víctimas, de cuya muerte está a punto de celebrarse el primer aniversario, murieron por inhalación de monóxido de carbono procedente de una estufa industrial que instalaron en la habitación en la que dormían. El recurso presentado por los familiares, que fue rechazado por la juez de Vinaròs que instruye la causa, solicita que se vuelva a tomar declaración a las dos personas supervivientes del suceso, al alcalde de la población, Alfredo Querol, y a una cuarta persona, así como que se elaboren diversos informes periciales sobre la situación administrativa del albergue y sobre las estufas causantes de las muertes.

La titular del juzgado número 3 de Vinaròs, encargada de la investigación, resolvió en contra de este recurso al entender que la declaración de los supervivientes, que produjo el mismo día del siniestro, se había realizado con todas las garantías, mientras que las pruebas periciales solicitadas respecto del albergue tendrían trascendencia si se tratase de un proceso administrativo, que no es el caso, ya que la investigación trata de dilucidar si hubo responsabilidad penal imputable a alguna persona en los fallecimientos.