Blasco tiene sobre la mesa peticiones para reclasificar 6.000 hectáreas de suelo rústico

El consejero de Territorio, Rafael Blasco, aseguró ayer que las comisiones territoriales de Urbanismo tienen pendiente la autorización de 122 nuevos Programas de Actuación Integrada (PAI) que, de aprobarse, supondrían la reclasificación de suelo rústico de 6.000 nuevas hectáreas en 77 municipios valencianos, el triple de la extensión que se ha urbanizado en dos años. Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia ha admitido a trámite, al menos, tres de los recursos presentados contra la adjudicación provisional del PAI del entorno de Mundo Ilusión al grupo Marina d'Or.

El consejero dice que exigirán que los PAI reclasificatorios se adecuen a la LUV

Blasco restó entidad a la solicitud para reclasificar estas 6.000 hectáreas, pues, según precisó, en torno al 50% de los PAI que llegan a las comisiones territoriales de Urbanismo "son devueltos" por su departamento a los respectivos municipios "por incumplimientos varios". No obstante, el titular de Territorio aclaró poco después que de estos PAI devueltos algunos pueden haber vuelto a las comisiones territoriales si han subsanado las deficiencias.

El consejero negó además que exista un crecimiento "desaforado" del urbanismo en el territorio valenciano, pues en los dos últimos años el ritmo de urbanización no ha sobrepasado el 0,086% anual. "Quien diga eso habla en boca de ganso", manifestó. El consejero no precisó cuántas nuevas viviendas están proyectadas en los 122 PAI, pero dijo que, aunque la progresión sean de unas 100.000 anuales, el consumo hídrico no superaría los cuatro hectómetros cúbicos.

Blasco, que compareció para explicar los contenidos de la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV), que ayer entró en vigor y que deroga a la LRAU, aseveró que "no va a haber ningún coladero" con estos planes con independencia de la fecha en que se hayan presentado, porque "todos deberán cumplir la exigencia del metro por metro -obligatoriedad de ceder gratuitamente suelo no urbanizable protegido en caso de modificación-, que ya está vigente desde el 31 de diciembre de 2005".

También estarán obligados todos ellos a presentar ante la Consejería la solicitud de concierto previo del Plan General (PGOU) porque así lo dicta la Ley de Ordenación del Territorio (LOT) desde julio de 2005.

Blasco achacó la oleada de críticas contra el urbanismo valenciano que aparecen en los medios de comunicación europeos a que las cosas "nos van bien" y no todos saben encajar "nuestros logros", dijo. El consejero advirtió además de que el gobierno de Rodríguez Zapatero ha incumplido las normas europeas por no transponer antes del 31 de enero las directivas comunitarias sobre contratación pública y valoraciones del suelo.

La entrada en vigor de la ley hizo reaccionar a los dos partidos de la oposición. El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Valencianas, Andrés Perelló dijo que la LUV "ni va a resolver los problemas de depredación y abusos del territorio del pasado ni tampoco los del futuro". Perelló recordó que la aprobación de la nueva ley ha provocado "un efecto llamada de PAI promovido por Blasco y Camps". Por su parte, el diputado autonómico de EU-L'Entesa, Carles Arnal, calificó el texto de "papel mojado" porque el consejero Blasco en persona se ha dedicado a boicotearla, "tal y como ha reconocido el alcalde de Calp, Javier Morató", del PP. Arnal aludía así a unas declaraciones de Morató, quien en un pleno municipal justificó la aprobación de tres PAI en Calpe antes de la entrada en vigor de la LUV "porque la consejería nos lo ha aconsejado".

Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha admitido a trámite, al menos, tres de los recursos presentados contra los Ayuntamientos de Oropesa y Cabanes contra la adjudicación provisional del desarrollo del entorno de Mundo Ilusión al grupo Marina d'Or. Los recursos fueron presentados por las empresas que presentaron propuestas y alternativas al programa que finalmente resultó adjudicatario, entre las que se encuentra la sociedad formada por PGP, Lubasa y Ortiz.

Con la admisión de los recursos, de momento, ambos ayuntamientos habrán de facilitar el expediente que finalizó con la adjudicación provisional. La sociedad que resultó perdedora en la adjudicación ya había anunciado su intención de recurrir a los tribunales ante el que consideraron un procedimiento irregular.