El Ararteko investiga la filtración de datos reservados sobre menores en Álava

El Ararteko está investigando la filtración de datos reservados sobre menores conflictivos que se produjo a mediados del año pasado en el municipio alavés de Nanclares de la Oca. Coincidiendo con la gran polémica suscitada en el pueblo por la intención de la Diputación de Álava de ubicar en él un centro para menores conflictivos, apareció en diferentes lugares de la localidad una hoja escrita en la que se detallaba un número importante de actuaciones que había realizado la Ertzaintza en el centro de menores Zabaltzen, de Vitoria, durante los años 2004 y 2005. La difusión de esta hoja, que no contenía nombres, buscaba soliviantar el ánimo de la población y ponerla en contra del proyecto.

La hoja contiene una relación pormenorizada de las intervenciones y datos como el número de actuación policial, la fecha y el motivo. Además, incorpora un texto manuscrito que dice: "Estas son algunas de las actuaciones de la Ertzaintza en el centro de menores que se nos quiere imponer en el pueblo sin que nuestro alcalde 'de momento' quiera rechazar la licencia de apertura de actividad. ¿Por qué? Si todos estamos en contra. Por supuesto hay más actuaciones, son casi a diario y faltarían las de la Policía Municipal".

El Ararteko considera particularmente grave la publicación de esta lista y por eso ha emprendido una investigación de oficio para determinar el origen de la filtración. En primer lugar, se ha puesto en contacto con la Ertzaintza para aclarar lo ocurrido y el Departamento de Interior le ha respondido que proporcionó directamente la información al alcalde de Nanclares, José Javier Martínez, del PSE. El propio director de Seguridad Ciudadana de la Ertzaintza entregó el documento al alcalde para atender la solicitud que le fórmulo en este sentido el pasado 1 de agosto. Ante esta respuesta, el Defensor del Pueblo Vasco se ha dirigido al alcalde para que esclarezca si la información ha sido puesta en conocimiento de los vecinos desde el propio Consistorio.El alcalde de Nanclares de la Oca ha abierto una investigación interna para determinar responsabilidades. Martínez reconoció a EL PAÍS que solicitó la información a la Ertzaintza y que cuando la tuvo en su poder se la facilitó al resto de los ediles. "Algún concejal ha tenido que dar la información fuera del Ayuntamiento", aseguró el alcalde que dijo no poder creerse lo que había pasado.

Frente a esta versión, el concejal independiente Jesús María Guinea resaltó que el único responsable de la información es el alcalde porque fue el quien la pidió. "Yo tuve conocimiento de esa lista cuando la ví en un lugar del pueblo. Hasta ese momento, nadie me había dicho nada. No se quien la ha podido dar a conocer, pero está claro que la lista llegó al Ayuntamiento porque la solicitó el alcalde".

La relevancia de la filtración radica en que se trata de datos relativos a menores que no se debían haber divulgado. La Ertzaintza facilitó la información porque consideró que en una correcta y responsable relación entre administraciones se iba a ser cuidadoso con la información. El Ararteko de momento solamente recoge información, pero lo hace porque los datos sobre menores son problemáticos. De hecho, la Fiscalía de menores ha buscado en los últimos años un tratamiento excesivamente limitativo de todas aquellas informaciones que puedan dar lugar a la identificación de un menor o relacionarlo con una acción, más aún si es delictiva.

Protestas por el centro

La polémica en torno a la posible ubicación de un centro para menores conflictivos de 16 a 18 años se suscitó en el mes de julio, cuando el Ayuntamiento tuvo conomiento de la pretensión de la Diputación de instalar allí un centro. En el proyecto original, se contemplaba que la residencia fuera para menores inmigrantes exclusivamente. Los ánimos entre los vecinos se fueron caldeando, hasta el punto de organizar concentraciones frente al Ejecutivo foral y manifestaciones de protesta por las calles de Vitoria. Nanclares alberga desde hace años la única cárcel que hay en la provincia, con lo que los vecinos argumentan que el coste social que deben asumir ya lo tienen suficientemente pagado.

La presión popular finalmente llevó a la Diputación a cambiar de planes y reconvertir su idea original. El acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento implica que el centro no será exclusivamente para inmigrante y que atenderá a jóvenes de entre 16 y 18 años como paso previo a su integración en la sociedad.

Según la reforma que quiera llevar a cabo el departamento foral de Asuntos Sociales en su red de menores, este centro será el final de la red de residencias que proyecta para albergar a los menores y a él accederan los jóvenes tras pasar por los demás. La previsión en el Ayuntamiento es que no se ponga en marcha dentro de un año y medio por lo menos.