El Gobierno pide en los tribunales la suspensión del plan que prevé urbanizar la desembocadura del Júcar

La Subdelegación del Gobierno anunció ayer que ha recurrido ante los tribunales la decisión de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, adoptada el pasado 15 de noviembre, que permite urbanizar la desembocadura del río Júcar, una vez homologado el plan parcial de la Vega de Cullera. El recurso reclama que se suspenda la autorización al citado PAI al entender que no se garantiza el abastecimiento de agua y provocará daños en la cuenca del Júcar. La Consejería de Territorio tachó el recurso de intromisión en las competencias de la Generalitat. Mientras, Catarroja y Villalonga impulsan otros dos polémicos PAI.

Catarroja aprueba el PAI de Nou Mil·leni y Villalonga impulsa otra polémica urbanización

El recurso contencioso-administrativo planteado por el Gobierno reclama la suspensión de modo inmediato del acuerdo de la Comisión de Urbanismo -organismo que depende de la Consejería que dirige Rafael Blasco- y en consecuencia del plan parcial, ya que de lo contrario se pueden producir toda una serie de perjuicios irreparables.

El programa de la Vega de Cullera prevé la construcción de 5.000 viviendas (1.100 protegidas) distribuidas en un total de 33 torres de hasta 25 alturas sobre una superficie de 610.000 metros cuadrados en la desembocadura del río Júcar en Cullera.

Para el Gobierno, el PAI objeto de discordia generaría una intensidad de tráfico superior a la capacidad de la carretera nacional 332. Según el programa de la Vega de Cullera, las nuevas edificaciones que se moverán diariamente será de 17.481 vehículos, cuando la N-332 ya soporta una media de 18.502 automóviles al día.

Además, el recurso hace hincapié en que "en ningún momento se ha acreditado la suficiencia de caudales para atender al crecimiento poblacional ni sus efectos sobre los acuíferos existentes" y el Ayuntamiento no ofrece soluciones ante los daños derivados de la urbanización de la zona sobre la dinámica fluvial.

En materia de costas, el escrito del Gobierno señala también que algunas de las edificaciones previstas podrían invadir la zona de dominio público marítimo-terrestre vulnerando lo previsto en la legislación.

El director general de Ordenación del Territorio, Pedro Grimalt, calificó ayer de "improcedente y prematuro" el recurso del Gobierno contra el plan de la Vega de Cullera al considerar que se trata de una iniciativa urbanística que "no está definitivamente aprobada". Grimalt argumentó que el PAI está pendiente de un acuerdo entre el Ayuntamiento de Cullera y el Ministerio de Fomento en materia de carreteras, que garantice la movilidad, pero aseguró que en materia de agua se "ha acreditado que cuenta con recursos hídricos suficientes".

Grimalt acusó al Gobierno de "intromisión en las competencias de la Generalitat en un intento de politizar la ordenación del territorio". "Ya es una evidencia que el Gobierno está utilizando a la Delegación del Gobierno y a las confederaciones hidrográficas para frenar el desarrollo sostenible de la Comunidad Valenciana".

Por otra parte, ayer en el pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento de Catarroja, el equipo de gobierno formado por Unión Valenciana y el PP aprobó provisionalmente el PAI del polémico macroproyecto Nou Mil·lenni, un paso clave en la creación de un complejo urbanístico que incluye la reclasificación de 1,7 millones de metros cuadrados de suelo rústico y la construcción de 12.000 nuevas viviendas. En la práctica, Nou Mil·lenni arrasa la última zona de naturaleza y de huerta que le queda al municipio y crea un pueblo paralelo al que ya existe: de sus actuales 26.000 habitantes, Catarroja pasará a tener 60.000. "Intermediarios de los promotores están ofreciendo ya 180.000 euros por hanegada a los que tenemos campos afectados por el proyecto", dice un labrador, "pero no valoran si tienes casa dentro del terreno, ni lo que esta te ha costado". Aún así, "mucha gente quiere vender cuanto antes". No obstante, hay quien espera, hasta que los precios suban hasta lo máximo. "Hay personas", apunta el labrador, "que tienen de 3 a 10 hanegadas, otras que tienen de 20 a 70, y hay quien tiene terrenos de hasta 200 hanegadas". "Estos últimos", dice, "serán multimillonarios".

En la maqueta de presentación de este proyecto ya estaba prevista una zona de equipamientos y servicios, aunque, según el PSPV en la oposición municipal, no está especificado en qué consistirán. "No sabemos con certeza nada de carreteras, centros de salud o colegios; en cambio, sí está muy definido todo lo concerniente a campos de golf", dice el socialista Wilson Ferrús. Esta construcción, en manos de una sociedad mixta constituida entre el Instituto Valenciano de la Vivienda y la promotora Llanera, ha sido aprobada antes del 1 de febrero, cuando entra en vigor la LUV o nueva ley urbanística. Eso permite a sus promotores acogerse a una posibilidad que quedará eliminada: la de que el agente urbanizador y el agente constructor, como es el caso, sean el mismo.

Trescientas personas, entre miembros de la plataforma local Salvem Catarroja, que se opone a la construcción, y ciudadanos contrarios al proyecto, se concentraron ayer frente al ayuntamiento durante todo el pleno con pitos y consignas en contra del proyecto. Ferrús advirtió de que su grupo pretende impugnar el pleno y prepara un recurso contencioso-administrativo contra el proyecto para presentarlo el día siguiente a la aprobación definitiva del mismo.

Por otra parte, en la localidad de Villalonga, el alcalde del PP, Juan Ros, tiene previsto llevar hoy al pleno municipal la aprobación provisional del polémico macrocomplejo urbanístico que promueve la empresa Urbacón Levante SL, que pretende la construcción de 4.000 viviendas y un campo de golf en una superficie de más de dos millones de metros cuadrados de la partida Pla de la Font. El proyecto ha sido cuestionado por los grupos de la oposición, PSPV y Bloc-EV, y la Plataforma pels Pobles de la Safor, que presentó más de un millar de alegaciones al PAI. El Síndic de Greuges ha recriminado al gobierno municipal por no haber contestado dichas alegaciones; la Consejería de Territorio ha solicitado al Ayuntamiento una revisión de su plan general y el TSJ ha dictado la paralización de los trámites. A pesar de lo cual se ha convocado hoy el pleno para la aprobación del PAI.