Francia baja ocho puntos el tipo máximo del impuesto sobre la renta
La reforma fiscal reduce de seis a cuatro los tramos del IRPF
Tímidamente, según los expertos, pero el Gobierno conservador de Dominique de Villepin ha puesto en marcha una reforma fiscal que destaca por la reducción de seis a cuatro tramos del impuesto sobre la renta, con un máximo del 40%, frente al 48% anterior, y el establecimiento de un techo máximo fiscal para todos los contribuyentes del 60% sobre el total de los ingresos. La rebaja de impuestos prometida queda pospuesta.
España no es el único país europeo atareado con las reformas fiscales. En Francia también se vive este debate después de que el presidente Chirac, en su campaña presidencial de 2002, prometiera una rebaja fiscal que ha quedado pospuesta sine die, aplastada por el peso de la enorme deuda pública -superior a 1,1 billones de euros-. Lo único que notarán los franceses este año, así, será una simplificación del modelo.
La ley de Finanzas de 2006, que los contribuyentes no encontrarán hasta dentro de algo más de un año, en pleno periodo electoral, fue aprobada a finales de diciembre junto a los presupuestos del Estado. La reforma instituye un derecho llamado de restitución para aquel contribuyente que pague más del 60% del total de sus ingresos del año precedente en la suma de todas las cargas fiscales. Cuando un contribuyente, una vez ha satisfecho todas sus cuentas con las Administraciones -incluidos los impuestos locales como la tasa de residencia, la de recogida de basuras o el impuesto audiovisual- descubre que la suma de sus impuestos directos de 2006 es superior al 60% de sus ingresos de 2005, podrá pedir a Hacienda que le devuelva la diferencia. El Gobierno calcula que 14.000 hogares se beneficiarán de esta medida, que le costará al erario público en torno a los 250 millones.
La reforma reduce de seis a cuatro los tramos, con una tasa máxima del IRPF que baja del 48,09% a un 40%. Los restantes tramos se fijan en 5,5%, 14% y 30%. A cambio se suprimen numerosos reembolsos y exenciones. Para las empresas, la tasa profesional no podrá superar el 3,5% del valor añadido. Asimismo, la reforma aligera la fiscalidad de las donaciones, así como las donaciones entre hermanos.
Una de las reformas que más polémica ha creado ha sido la del Impuesto de solidaridad sobre la Fortuna (ISF), originalmente sobre los grandes patrimonios. El Parlamento aprobó una exención del 75% del ISF sobre el valor de las acciones nominativas propiedad de los dirigentes o asalariados de una empresa siempre que conserven sus acciones durante más de seis años.
El Ejecutivo conservador pretende evitar fugas de capitales. Son cada vez más numerosos los empresarios que se domicilian fiscalmente en Bélgica o Suiza para evitar el ISF, un impuesto que originalmente se dirigía a los más ricos, pero que por efecto de la subida de pisos afecta cada vez más a las clases medias, e incluso a pensionistas. Además se favorece la mobilidad profesional, con una prima de 1.500 euros para los parados que acepten un trabajo a más de 200 kilómetros de su domicilio y para los propietarios que, también sin trabajo, al mudarse pongan en alquiler el piso.
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