Centenares de alumnos de la Politécnica están amenazados con la expulsión por una normativa

"Afecta a más de 400 y a menos de 1.000 alumnos", revela con mucha prudencia el vicedelegado de Estudiantes y coordinador de Estudios de la Universidad Politécnica de Valencia, Jordi Arjona, para referirse al número de estudiantes que este curso podrían ser penalizados con la expulsión de la universidad por la entrada en vigor de un artículo de su normativa de permanencia, que regula el tiempo máximo de estancia en la institución. La situación para el sistema universitario valenciano no es nueva. En enero de 2003 la Universitat de València se desayunó con la misma noticia por la entrada en vigor de un artículo idéntico, lo que obligó a tomar cartas al equipo rectoral, que solicitó al Consejo Social la suspensión inmediata del mismo. En aquella situación estaban implicados más de 4.000 universitarios.

La normativa de permanencia regula el tiempo máximo que los estudiantes pueden permanecer en la universidad. La Ley Orgánica de Universidades obliga a todas las universidades a "establecer los procedimientos para verificar los conocimientos de los estudiantes", a través de la normativa de permanencia y progreso, cuya aprobación depende del Consejo Social. Es una manera de evitar por ley que los estudiantes se apoltronen para garantizar la continuidad del sistema público, en el que las administraciones soportan alrededor del 80% de la matrícula de cada alumno.

Pero la aplicación rigurosa de la normativa de permanencia en cada universidad no evita la existencia de estudiantes morosos en el sistema público, ya que podría darse el caso de migraciones de alumnos de una universidad a otra para seguir. Es por ello que el rector de la Universitat de València, Francisco Tomás, ya reivindicó cuando su institución se vio afectada "un marco homogéneo" para todas las universidades en el territorio valenciano y con correspondencias en el marco estatal. Que otra universidad se vea afectada puede servir para que el Consejo Valenciano de Universidades, como órgano de gobierno de la Generalitat Valenciana e instrumento de coordinación con el sistema universitario valenciano, retome el estudio de este tema, que ya prometió que se iba a revisar.

El artículo que plantea pegas, y que afectará a los alumnos que entraron a la universidad en el curso 2003-2004 sin carácter retroactivo, es el que recoge que durante el tercer año de matrícula deben aprobarse, al menos, el total de créditos correspondientes al primer curso, o sea, acabar tercero con todo primero limpio. El estudiante Jordi Arjona mantiene que "aunque los efectos se pueden suavizar con los informes de las juntas de centro, lo mejor es cambiar la normativa". La modificación que la delegación de alumnos ha propuesto al rectorado consiste en mantener una estructura similar, de manera que en tercero se aprueben el 75% de asignaturas de primer curso, mientras que el 25% de primero restante podría aprobarse en asignaturas de otros cursos. "Pretendemos dar mayor flexibilidad al estudiante y no exigirle que en tercero apruebe todo primero", dice Arjona. Este alumno de Telecomunicaciones, de 22 años, reconoce que algunas asignaturas se convierten en "cuellos de botella" impidiendo que el estudiante progrese, por lo que la universidad ha creado observatorios para hacerles un seguimiento especial a través de las delegaciones de estudiantes y las direcciones de centro. En cuanto a las medidas que se están tomando para informar al alumnado, señala que desde la delegación de alumnos tienen previsto enviar un correo electrónico a los estudiantes y que se ha iniciado una campaña informativa en cada centro. Todos los estudiantes disponen en el sobre de matrícula de la información de la normativa. Su mensaje es de tranquilidad porque, en su opinión, tienen "un rectorado muy afín a los estudiantes y solucionará la situación".