Nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y la Comunidad por la M-50

El cierre de la autovía de circunvalación M-50 y la radial de peaje 1 han vuelto a enfrentar al Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero con la Comunidad de Madrid, que preside la popular Esperanza Aguirre.

El Consejo de Ministros presentó el pasado viernes un "requerimiento de incompetencia" a la Comunidad de Madrid sobre ambas infraestructuras. Según el Gobierno central, la Comunidad "ha sobrepasado" su ámbito de competencia "vulnerando las competencias exclusivas atribuidas al Estado en materia de carreteras" con las convocatorias de concursos de consultoría y asistencia de los proyectos de construcción y explotación de las obras.

"Estas obras son para la construcción de tramos de carretera cuyos itinerarios ya habían sido declarados por el Consejo de Ministros como de interés general", señalaba la referencia del Consejo de Ministros del pasado viernes. "Por consiguiente, es el Ministerio de Fomento el competente para realizar los correspondientes estudios, proyectos y obras de construcción", concluye.

El consejero de Presidencia, Francisco Granados, arremetió ayer contra el presidente del Gobierno central, al que tachó de haberse convertido "en el perro del hortelano, que ni come ni deja de comer".

Según el consejero, hace más de un año que el Ejecutivo regional avisó al Ministerio de Fomento de que, si no ponía en marcha el proceso para llevar a cabo estas obras, lo haría en su lugar el Gobierno de Aguirre.

"No nos contestaron", aseguró Granados. "Pero una vez licitados los proyectos, deciden hacer el requerimiento", agregó.

El consejero de Presidencia también destacó el "contraste" de esta postura de Zapatero con la que mantiene en Cataluña, "a la que reconoce capacidad para gestionar los puertos o la agencia tributaria". Por eso, mostró la "perplejidad" de su Gobierno.

Granados recalcó que la intención del Ejecutivo regional es "seguir adelante" con los proyectos.

Además, recordó que las obras de ambas infraestructuras no estarán terminadas esta legislatura, por lo que el Gobierno regional no podrá rentabilizarlas electoralmente.