La concesión del suministro de Toledo a Facsa provoca recelo en Aguas de Valencia

La concesión a la empresa Facsa, en unión con Gravesa, del suministro de agua en Toledo ha despertado el recelo de parte de los socios de Aguas de Valencia. Estos apuntan a que la empresa castellonense está tratando de frenar la expansión de Aguas, mientras está presentando ofertas para la consecución de suministros y tratamientos en diversos puntos de España. Estos recelos podrían provocar una nueva crisis en el seno de la sociedad suministradora de Valencia después de tres años de tensa calma, tras el despido de Aurelio Hernández.

Aguas de Valencia barajó la posibilidad de presentarse al concurso de Toledo. Sin embargo, según algunas fuentes, la dirección desestimó esta posibilidad argumentando la intención de consolidar el negocio en la Comunidad Valenciana. Además, el momento de decidir la presentación o no de la oferta para Toledo coincidió con el período de mayor crisis para el director general de Aguas, Alberto Alonso Poza, que, finalmente, dimitió en septiembre. De hecho, una de las razones que, no oficialmente pero sí de forma oficiosa, se esgrimieron para justificar la dimisión de Alonso Poza fue que, desde su cargo, negoció y presentó a Aguas de Valencia a otro concurso, el de Santander, sin contar con la aprobación del consejo de administración. Aguas de Valencia, en cualquier caso, ni se ha presentado al contrato de Toledo ni lo hizo a Tenerife. Una situación que habría sido casi impensable en otra época.

Además, según fuentes de la propia empresa, en la elaboración de la oferta de Facsa para el concurso de Toledo habrían colaborado otros socios de Aguas, con el fin de "allanar" el camino a los castellonenses para que estos presentaran una plica con la que obtener la concesión, tal como finalmente ha ocurrido. Esta posibilidad evidenciaría la situación que vive el grupo Aguas de Valencia, con los "herederos" de las acciones de Grupo Bouygues y Facsa, por un lado, y el presidente Vicente Boluda y Lubasa, por otro. De ser así, el Banco de Valencia sería el accionista en cuyas manos está la posibilidad de inclinar la balanza en uno u otro sentido.

Voto en contra

Como sea, la adjudicación del contrato de suministro de Toledo se la ha llevado una UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Facsa y un socio local, Gravesa. El contrato tiene una duración de 25 años y se realiza por 36 millones de euros. La propuesta obtuvo 90 puntos sobre 100. Pese a la adjudicación, el interventor de fondos votó contra la propuesta por considerar que "el proyecto de explotación y viabilidad financiera del mismo carece de la solidez adecuada y puede no cumplirse en un futuro", según consta en el acta de contratación.

Mientras, se mantiene la idea de que, tal como dijo Vicente Boluda, el fondo de inversión PAI Partners, como propietarios del paquete que poseía el Grupo Bouygues a través de Saur, pueda poner a la venta su participación, en la que Sacyr está muy interesado.