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Administración y canteros negocian una salida al cierre de los yacimientos de áridos de Alhaurín

Unos 1.300 trabajadores de la construcción se manifiestan por el centro de Málaga

Fernando J. Pérez

La Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, los empresarios y los trabajadores de las cuatro canteras de la localidad malagueña precintadas el 3 de diciembre por orden judicial negociaban ayer al cierre de esta edición una salida a la crisis que ha generado la clausura de las explotaciones, que abastecen de áridos al 65% de las obras de la provincia. Por la mañana, unos 1.300 trabajadores de la construcción, sector en huelga desde el lunes, se manifestaron por el centro de Málaga para pedir que se mantengan los puestos de trabajo en las canteras.

El encuentro de ayer era la continuación del iniciado el martes para estudiar el plan de restauración de los yacimientos presentado hace ocho días por el alcalde de Alhaurín, Joaquín Villanova (PP). La reunión se inició a las 17.30 en la Delegación del Gobierno de la Junta, y los negociadores se tomaron un descanso de 20.00 a 21.00. Junta, Ayuntamiento, empresas y sindicatos todavía analizaban a las 23.00 las distintas propuestas presentadas. Fuentes de la Junta cercanas a la negociación señalaron ayer que para cerrar un acuerdo "todavía hará falta alguna reunión más".

El secretario provincial de Comisiones Obreras en Málaga, Antonio Herrera, informó, durante la hora de receso, de que lo que se está buscando es "una salida definitiva" al conflicto causado por el cierre de las canteras Taralpe, del grupo Italcementi; Troconal, del grupo Sando; Retamero, de Nicanor Retamero; y Pinos de Alhaurín, de Bernardo Caballero. El dirigente sindical aseguró que "lo fundamental es mantener los puestos de trabajo", unos 180.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía decretó el cierre de los cuatro yacimientos de caliza dolomítica blanca al considerarlos ilegales por carecer de licencia municipal de extracción. La sentencia ratificaba otra del Juzgado Contencioso Administrativo número 4 de Málaga, emitida en 2001. La resolución judicial se originó tras la denuncia de la Plataforma en Defensa de la Salud y de la Sierra (PDSS), movimiento que integra, entre otros, a vecinos, ecologistas y las agrupaciones locales de PSOE e IU.

La reunión de ayer por la tarde tuvo como preámbulo una manifestación en la que alrededor de 1.300 trabajadores -800 según la policía y "unos 5.000" según Comisiones Obreras- recorrieron el centro de Málaga "por el empleo, contra los despidos y por la solución al conflicto de las canteras". La marcha, que discurrió compacta en la cabecera y con grandes espacios libres en la cola ocupaba, a su paso por la Alameda Principal, 700 metros cuadrados de calzada.

La manifestación, que comenzó a las 10.00 junto a la sede de CC OO en Málaga, junto al Muelle Heredia, pasó por la sede provincial del PP, en calle Salvago, antes de acabar ante Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, en la Alameda Principal, alrededor de las 11.30. Hasta el mediodía,los manifestantes mantuvieron cortada la principal arteria del centro de Málaga, ante la mirada de agentes antidisturbios de la Policía Nacional, que desplazó al menos seis furgonetas. El paso de uno de los vehículos policiales generó una pequeña escaramuza con los manifestantes

Después de la manifestación, un grupo de trabajadores que había acudido a la marcha de Málaga destrozó a pedradas varios ventanales del Ayuntamiento de Alhaurín, informó el consistorio en un comunicado. Los guijarros, "de considerable magnitud", impactaron contra puntos próximos al despacho del alcalde, Joaquín Villanova (PP). Agentes de la Policía Local dispersaron a "varias decenas" de manifestantes, establecieron un cordón de seguridad ante la casa consistorial, identificó a un supuesto autor del incidente y decomisó tres bolsas llenas de piedras.

La huelga en el sector de la construcción malagueña, que se inició el lunes, tuvo ayer un seguimiento del 90%, de acuerdo con los datos de CC OO.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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