Nuestros inmigrantes

¿Son demasiados? ¿Contribuyen al crecimiento del país? ¿Son un elemento perturbador para la estabilidad social? La última encuesta del CIS sobre la opinión de los españoles respecto a los inmigrantes ofrece claroscuros sobre un fenómeno que está llamado a influir cada vez más en nuestras vidas, como en las de las personas que viven en las sociedades más ricas del planeta. La inmigración ha pasado de ser un asunto menor a situarse como segundo problema nacional por detrás del desempleo y muy por delante del terrorismo, la vivienda, la carestía, la inseguridad y la educación, según el sondeo. Esa respuesta no debería sorprender a nadie si se asume que el acelerado crecimiento demográfico de España en menos de diez años se debe fundamentalmente a la llegada de extranjeros.

España es el segundo socio de la UE que ha recibido más inmigrantes en la pasada década. A comienzos del año que acaba de terminar estaban empadronados 3.691.500 extranjeros, es decir, más del 8% de la población inscrita. Casi un 60% de los encuestados por el CIS opina que son ya demasiados frente a sólo un 3,5% que cree lo contrario. Sin embargo, esa percepción de demasía resulta equivocada. Los españoles piensan que 20 de cada 100 habitantes son inmigrantes cuando en realidad sólo lo son seis de cada 100. Posiblemente sea debido a la sensación que tienen buena parte de los interrogados de estar muy en contacto con ellos por razones de trabajo, vecindad o amistad. O a la sensibilidad que han alimentado recientes sucesos como el intento masivo de entradas ilegales a través de Ceuta y Melilla.

Las sociedades desarrolladas muestran cada vez más elementos xenófobos inquietantes. El sondeo no detecta sin embargo graves prejuicios si se exceptúa el componente racista hacia los gitanos. Al contrario: más de dos terceras partes opinan que los inmigrantes deben tener los mismos derechos que los nacionales, la posibilidad de traer a sus familias, acceder a la educación pública, practicar su religión y -aunque en menor porcentaje- votar. Pero no falta tampoco el temor de quienes afirman que su presencia puede repercutir en una bajada de salarios (47%) o de los que respaldan su expulsión en el caso de que hayan cometido cualquier delito (50%). El mismo porcentaje piensa que el aumento de la inseguridad ciudadana está ligada a la inmigración. El reto es, por tanto, la aplicación de políticas de cohesión e integración en materia de sanidad, vivienda y educación que eviten la ecuación inmigración-marginalidad.