Un balance positivo
En estos días se celebra un aniversario importante: los 20 años del ingreso de España en la UE. Veinte años en los que han pasado muchas cosas, en España y en Europa, y también en la propia concepción de la Unión. La UE, 20 años después, ya no es una Europa a 12, sino una Europa a 25, casi a 27, y se discute efusivamente la incorporación de Turquía y otros países. Y la regulación común es sensiblemente más amplia. Materias como la medioambiental o las relativas a la competencia han experimentado normalizaciones significativas y el equilibrio entre las idiosincrasias y peculiaridades de los países se ha producido no sin grandes esfuerzos y tiras y aflojas.
El Acta Única. Coincidiendo con nuestro ingreso, en 1986, se aprueba el Acta Única Europea que fue la primera modificación de las condiciones fundacionales de las Comunidades Europeas y cuya mejor definición la realizó Jacques Delors, entonces presidente de la Comisión, cuando dijo: "El Acta Única es, en una frase, la obligación de realizar simultáneamente el gran mercado sin fronteras, más la cohesión económica y social, una política europea de investigación y tecnología, el reforzamiento del Sistema Monetario Europeo, el comienzo de un espacio social europeo y acciones significativas en materia de medio ambiente".
La propia definición nos muestra la importancia que, para España, habría de tener nuestra incorporación a la Unión: la definitiva modernización de nuestro sistema económico para responder a los retos que se le planteaban a nuestra economía y, por ende, a nuestra sociedad; pues esa modernización era indispensable para conseguir un proceso económico de crecimiento sostenido que permitiera mejorar la calidad de vida y el bienestar de los españoles y favorecer la creación de empleo estable, verdadero talón de Aquiles de nuestra economía.
España necesitaba cambios estructurales y la entrada en la Unión Europea fue el empujón que los desencadenó. La principal transformación estructural que en el ámbito económico supuso la entrada en la Unión fue el relanzamiento de nuestra apertura al exterior; relanzamiento que, aunque en un primer momento pudiera plantear problemas de encaje, es el que nos ha colocado en el mundo y el que ha permitido que, cuando se hacen correctamente los deberes desde las instancias interiores, se pueda sobrevivir tanto a los avatares económicos como a los políticos; pues nadie pone en duda que nuestra entrada en la Unión fue el principal seguro para nuestra democracia que en 1986 apenas comenzaba.
La moneda única. La UE, después del Acta Única, empezó a prepararse para dar el segundo gran paso en la integración. Para sobrepasar el objetivo económico inicial y avanzar en lo político y, también, para conseguir la unión monetaria con la creación de la moneda única, el euro. Además, se trabajó en la cooperación entre los Gobiernos, lo que dio lugar la determinación de dos nuevos pilares: política exterior y seguridad y justicia y asuntos de interior. Todo esto se plasmó en el Tratado de la Unión, firmado en Maastricht en febrero de 1992.
Los criterios de convergencia en materia de tipo de cambio, inflación y déficit y endeudamiento públicos, indispensables para entrar en la unión monetaria a partir de 1999 y que marcaban una línea intocable en 1997, fueron el principal objetivo de la política económica del nuevo Gobierno que ganó en las urnas en 1996. El saneamiento de las finanzas públicas y su sostenibilidad fueron una constante (no sólo por el imperativo europeo sino por el convencimiento de que era lo mejor para todos) en los ocho años en los que el Partido Popular permaneció en el Gobierno de España, dando lugar al periodo más intenso en crecimiento y creación de empleo en nuestra historia, situación que todavía hoy se sigue manteniendo.
En este sentido, destaca la convergencia en renta y en empleo en términos reales con respecto a los países más ricos de la Unión Europea. Hemos pasado desde un nivel de renta del 69% de la UE-15 en 1986 a casi el 90% en el año 2003, con un ligero retroceso, no obstante, en 2004.
Hoy tenemos el reto de seguir avanzando por este camino; tomar decisiones económicas que corrijan los desequilibrios de nuestro crecimiento, excesivamente basado en la demanda interna con un fuerte déficit exterior; utilizar las políticas económicas que aún permanecen en manos de las autoridades nacionales, la fiscal y las de oferta, para así conseguir un patrón de crecimiento más equilibrado que consiga una evolución de costes y precios y, por tanto, de nuestra competitividad que nos aporte la estabilidad necesaria para seguir creciendo en el área del euro.
Los escenarios presupuestarios y la política de la cohesión. Hace pocas fechas se ha producido la negociación en el Consejo Europeo de las próximas perspectivas financieras; en este caso, además de la importancia del acuerdo por sí mismo como constatación del proyecto europeo, estaba en juego una de sus líneas maestras, la política de la cohesión. El Acta Única Europea, primero, y el Tratado de Maastricht, después, aseguraron esta política -instrumento de la solidaridad financiera y de la integración económica- que ha recibido, desde 1986, dotaciones crecientes aprobadas en las sucesivas Perspectivas Financieras acordadas como marco presupuestario para la UE.
Los Fondos Estructurales y de Cohesión recibidos por España desde 1986 han ido aumentando ejercicio tras ejercicio hasta la actualidad. Como consecuencia de nuestra situación de renta relativa y de la de muchas de nuestras regiones la política de cohesión europea ha sido especialmente fructífera para España. En el periodo de nuestra incorporación (1986-1988) percibimos unos 540 millones de euros de media anual; con el paquete Delors I (1989-1993) pasamos a casi 2.400 millones anuales y con el paquete Delors II (1994-1999) a cerca de 5.900 millones por año. Con las perspectivas Financieras aprobadas en Berlín en marzo de 1999 se asignaron a España unos 8.900 millones de euros anuales para el periodo 2000-2006.
Sin embargo, la situación ha cambiado con estas nuevas Perspectivas. En primer lugar, como señalaba con anterioridad, han sido la prueba para la política de la Cohesión que, por primera vez desde su definición, hace un quiebro debido a la presión de los países más ricos como contribuyentes netos. Se trataba de diseñar el marco presupuestario para el periodo 2007-2013, con la Europa de 25 miembros. La entrada de los nuevos miembros ha provocado la convergencia estadística de las regiones y países menos ricos de la Europa a 15, entre ellos España, lo que unido a la negativa de incremento de aportaciones de los países más ricos y no crecer el presupuesto europeo ha tenido la consecuencia de que la ampliación la financian de forma más significativa los llamados países de la Cohesión: España, Irlanda, Portugal y Grecia. Ya veremos cuál es su resultado en términos de crecimiento y empleo.
El análisis de la evolución de los países favorecidos con la política de la cohesión en los últimos años demuestra que se han conseguido los objetivos que se pretendían alcanzar en términos de convergencia real que, por otra parte, ha retornado de alguna manera a los países financiadores a través de los flujos comerciales.
En resumen, han transcurrido 20 años desde nuestra incorporación a la Unión Europea. En su conjunto han sido buenos años, desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista social y político. Pero siguen quedando muchas cosas por hacer en las que, indudablemente, Europa es imprescindible para España pero España es también imprescindible para Europa. No debemos olvidarnos de ello.
Elvira Rodríguez Herrer es secretaria de Economía y Empleo del PP. Diputada por Murcia.
