Miles de familias practican la poligamia

El informe de la diputada Zimmermann sostiene que en Francia se dejan de lado la legislación nacional y la Convención Europea de los Derechos Humanos, a la hora de resolver determinados conflictos que afectan al estado civil, régimen matrimonial, filiación o sucesión, en beneficio de las normas que existen en los países de origen de los inmigrantes. Así se explica que en plena Europa y en el seno de una sociedad formalmente laica existan entre 8.000 y 15.000 familias polígamas, según datos de la comisión parlamentaria, que rebaja las cifras más alarmantes manejadas por asociaciones que militan contra la poligamia, pero constata la importancia del fenómeno.

Esta costumbre implica además un mecanismo de obtención de subvenciones públicas. Cada persona nacida en Francia, a partir del segundo hijo, genera el derecho a una ayuda pública hasta que alcanza la mayoría de edad; tres o cuatro retoños suponen unos 500 euros mensuales. Tampoco es infrecuente que el derecho al reembolso de las prestaciones sanitarias sea reclamado por todas las esposas de un mismo marido. En 1993 se adoptó una ley destinada a contener este fenómeno, que consiste en prohibir la entrega del permiso de residencia a los miembros de familias polígamas: reconoce excepciones, pero acentúa la inseguridad en que viven las sucesivas esposas. Un padre con tres o cuatro mujeres y una quincena de hijos puede ganar mucho más con prestaciones sociales que con trabajos pagados con el salario mínimo.

Lo que en un primer momento es medio para escapar de la miseria, con frecuencia se convierte en cruz para parte de estas familias. Este caso es real: una mujer de 30 años, procedente de Malí, llegó a Francia con un visado turístico, pero se quedó a vivir con su marido en la periferia de París. Al cabo de un tiempo, el marido trajo una segunda esposa e instaló a las dos en la misma casa, donde vivían los hijos que tiene con ambas. Tras un reguero de incidentes, el marido y la segunda esposa abandonaron a la primera sin documentos ni dinero.

Muchas primeras esposas, con hijos nacidos en Francia, siguen en el país aunque el marido regularice a la segunda mujer, lo cual deja a la primera sin derechos. Más que un matrimonio, esa situación se parece a la esclavitud. Pero hete aquí que existe un convenio franco-marroquí de 1981 (hoy cuestionado), por el cual los marroquíes que viven en Francia pueden divorciarse y repudiar a las mujeres cuando los dos miembros de la pareja son marroquíes y "para conservar los fundamentos de su identidad nacional".

Matrimonios forzosos

Numerosas coesposas siguen llegando a Francia para vivir a merced de su marido y en una situación legal sumamente precaria. "En caso de absoluta necesidad, utilizan los documentos de la primera esposa; no es raro que en los hospitales se produzcan dos nacimientos con pocos meses de intervalo a nombre de una misma mujer, lo cual también plantea problemas en caso de separación, porque esas mujeres se encuentran en la imposibilidad de probar que son madres de sus hijos", se lee en el informe de la comisión parlamentaria mencionada.

Unas 70.000 mujeres en Francia son víctimas de matrimonios forzosos, según datos del Alto Consejo de la Integración. "Las bodas forzadas están presentes por todas partes, más como consecuencia del acoso moral que de la presión física", confirman militantes de Ni Putas Ni Sumisas. "Ninguna familia acepta que sus hijas se vayan de casa antes de casarlas. Muchas chicas aguantan porque no quieren enfrentarse a sus padres, incluso las que trabajan y tienen algunos medios económicos para tratar de marcharse. Lo impide la cultura de los barrios".

El Gobierno de París, encabezado por Dominique de Villepin, "no debería precipitarse en la construcción de respuestas urgentes a los disturbios que hemos vivido", a juicio de la socióloga Hélène Orain. Por ejemplo, la medida gubernamental de recortar la escolaridad obligatoria hasta la edad de 14 años y encaminar rápidamente a los jóvenes hacia tareas de aprendices "intenta responder a lo que se ha visto, que son los chicos encolerizados en los barrios sensibles", argumenta Orain. "Pero esa medida está claramente destinada a los varones y no a las chicas. La respuesta política a los disturbios no tiene en cuenta a las mujeres, por la sencilla razón de que no se les ha visto físicamente en ellos. Parece como si ellas no tuvieran problemas. De este modo se perpetúa la situación de dominación y de falta de derechos cívicos de las chicas de los barrios populares, que no consiguen progresar hacia su independencia económica ni al acceso a otros derechos".